El martes pasado en el Congreso de la Unión, se dio la primera reunión de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral, con la cual se inicia la negociación, entre los partidos políticos, sobre la aprobación de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al empezar, en la mesa se contaba con todos los líderes de los grupos parlamentarios que conforman la Cámara de Diputados: PAN, PRI, PRD, Morena, sus aliados PT y Verde Ecologista, además de Movimiento Ciudadano.

Así pues, una vez que se dio inicio a la reunión, la mayoría de los partidos aprovechó su oportunidad al micrófono para adelantar su postura y descubrir que tiene la intención de aprobar la tan adversa y temida propuesta de reforma constitucional en materia político-electoral a cambio de algo, no así el líder de la bancada del partido Movimiento Ciudadano.

Según el Presidente, la intención principal de su reforma es abaratar el costo de la democracia mexicana, asegurando que de darse los cambios que propone, se ahorrarían poco más de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, es evidente que la propuesta del Mandatario también tiene intenciones de debilitamiento de las instituciones encargadas de dar legalidad y certeza a todo tipo de elecciones en nuestro país.

Para quien dude de mi anterior aseveración, debo mencionarle que la principal propuesta del Presidente radica en realizar profundos cambios en el INE, al punto de su desaparición, para crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual, aunado a la eliminación de los Organismos Públicos Electorales Locales, será el único órgano encargado de organizar las elecciones tanto en los estados como a nivel federal.

Así pues, este posible INEC solo estará integrado por siete consejeros y no por 11 como actualmente lo está el INE, los cuales se elegirán a través del voto popular, aunque solo podrán participar los ciudadanos que las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Presidente propongan. De igual manera, este procedimiento aplicará para la integración de la Sala Superior del TEPJF, lo que nos lleva a concluir que, sin duda, llegarán a dichos órganos electorales solo los recomendados del Presidente a través de estas instituciones.

Con la anterior premisa, se hace evidente que hoy la democracia alcanzada en nuestro país corre un verdadero riesgo, y no lo digo porque sea este un sorpresivo embate del Presidente contra el INE, pues desde antes de ser Presidente ya lo odiaba con todas sus fuerzas, sino que ahora como nunca, parece que todos los partidos están dispuestos a negociar la cabeza del instituto electoral mexicano.

Si no lo cree, pregúntenles a los coordinadores de los partidos “opositores”, PAN, PRI y PRD, que no solo adelantaron su posible voto a favor, sino que hasta le echaron montón al diputado Salvador Caro, de MC, cuando calificó de farsa la negociación en comisiones y les advirtió que los cambios al INE que pretende López Obrador solo buscan garantizarle una sucesión presidencial a favor de un “títere” de Morena, recibiendo en respuesta de voz de Ruben Moreira, ahora abiertamente defensor del oficialismo morenista, una severa y cínica acusación de mentiroso. ¡Y sin embargo nos representan!