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Es una reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”, señalaron. 

Los obispos consideraron que ningún ciudadano ni gobernante tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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Exhortamos respetuosamente al poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho”, pidieron. 

Aseguraron que el INE es una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular.

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El INE tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector, ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral”, defendieron.

En contraste, el presidente López Obrador insistió en la conferencia matutina de este lunes en que es necesaria una reforma electoral para evitar futuros fraudes.

“Es una reforma electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desaparecer ni tampoco el Tribunal encargado de calificar las elecciones”, dijo.