Ciudad de México.- Una juez federal negó el amparo a dos ex peritos de la entonces Procuraduría General de la República contra el proceso que les iniciaron por presuntamente alterar y perder al menos un resto óseo de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ruby Celia Castellanos Barradas, Juez Décimo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, consideró que no existe ninguna causa legal para cancelar el procedimiento contra Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez, por delitos contra la administración de la justicia.

“ Al haberse demostrado que el auto de vinculación a proceso…se encuentra apegado a derecho y contrario a lo que afirman los disconformes, no transgreden sus derechos fundamentales, ni existe motivo por el cual proceda suplir la deficiencia de la queja… procede negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados”, sentenció la juzgadora.

Los dos forenses pueden impugnar el revés judicial a través de un recurso de revisión, que deberá resolver un tribunal colegiado.

El fallo de Castellanos convalida la vinculación a proceso dictada por Jesús Eduardo Vázquez Rea, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, en una audiencia registrada el 12 de octubre de 2021.

“ Este órgano de control constitucional considera que se satisfacen las exigencias de seguridad jurídica, pues el juzgador arribó de manera correcta a la convicción de que los datos de prueba demuestran que se cometieron hechos que la ley señala como injusto contra la administración de la justicia, además, que existe la probabilidad que los imputados participaron en su comisión”, señala la juez.

La Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) imputa a los peritos haber realizado sin mandamiento ministerial ni justificación legal una diligencia de búsqueda de los restos de los 43 normalistas, en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014.

En ella, removieron sedimentos y lodo, hasta localizar una alforja negra de la que extrajeron al menos una pieza ósea.

Esta evidencia, según la imputación, nunca fue procesada ni analizada por la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, hoy FGR, y a la fecha se desconoce el paradero de la muestra levantada in situ por los procesados.

Esta diligencia es una de las más importantes en la investigación realizada en el sexenio pasado y también una de las más cuestionadas por la presente administración, que la refiere como un montaje de la llamada “verdad histórica“.

Su importancia radica en que en aquella fecha y lugar también se localizaron restos óseos que permitieron identificar a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

La FGR hoy acusa que, para llevar a cabo esa diligencia, Tomás Zerón, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, trasladó hasta el lugar al presunto sicario Agustín García Reyes, “El Chereje”, sin la presencia de su abogado.

El presunto delincuente luego denunció que fue torturado para declarar que había 8 bolsas de plástico con las cenizas de los estudiantes y que incluso Zerón le ordenó “sembrar” los restos humanos hallados en el Río Cocula.

En este asunto, también se imputó a los dos peritos haber participado y avalado “hechos falsos” en la conferencia de prensa del 27 de abril de 2016, en la que Zerón defendió la legalidad de la diligencia mencionada.

Los jueces de control y de amparo, sin embargo, rechazaron vincular a proceso a los forenses, ya que Zerón estuvo presente en la rueda de prensa pero no hizo ninguna manifestación y Gómez no participó en ella.