Ciudad de México.- Un juez federal de la Ciudad de México concedió hoy la segunda suspensión que prohíbe trasladar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Roberto Fraga Jiménez, juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión provisional en un amparo promovido por la asociación civil Causa en Común, para impugnar la reforma legal del 9 de septiembre, que pretende transferir la GN a la Sedena desde la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC).

Esta suspensión se suma a la otorgada el pasado 24 de octubre por Karla Macías, jueza Novena de Distrito en Guanajuato, que el Gobierno ya impugnó ante un tribunal colegiado de circuito, pero mientras tanto está vigente.

El juez Fraga advirtió que, de una revisión inicial, es claro que la reforma viola el artículo 21 de la Constitución, que ordena que la GN será una corporación civil adscrita a la SSPC.

La suspensión, concedida en el amparo 1845/2022, tiene los siguientes efectos:

– Permanezca el mando civil de la GN como cuerpo policial adscrito exclusivamente a la SSPC conforme a la normatividad aplicable previo a la entrada en vigor del Decreto reclamado.

– Se detenga la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales de la SSPC y Secretaría de Marina a la Sedena.

– No operen las nuevas atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Guardia Nacional le brindan a la Sedena en relación con la GN.

– Se paralice el desplazamiento y cesación de los elementos de la extinta Policía Federal (PF) de la GN.

Fraga resolverá el 22 de noviembre si concede la suspensión definitiva, lo que parece inevitable, e implicaría congelar durante varios meses la implementación de esta reforma, pues la eventual impugnación del Gobierno difícilmente sería resuelta este año.

“ El decreto impugnado pretende normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, a través de la adscripción y subordinación de la GN, esto es, tendrá una estructura donde queda en un nivel bajo el mando de la Sedena (autoridad militar), de suerte que todas sus acciones, programas, recursos humanos, materiales, presupuesto y financieros quedaron bajo la dirección y disposición de la Sedena”, explicó el juez.  

“ Por ende, se tiene por acreditada la apariencia del buen derecho, pues de no concederse la suspensión podrían trastocarse los derechos de la parte quejosa, causando una afectación a su esfera jurídica, en atención a que el Decreto impugnado afecta los derechos de la parte quejosa, así como de la sociedad misma, al establecer una institución de seguridad de carácter militar y no civil como lo prevé el texto fundamental”, agrega.  

La reforma solo a leyes secundarias para buscar el traspaso total de la GN a la Sedena, fue un plan alterno del Gobierno, pues estaba claro que no tendría los votos necesarios para reformar la Constitución.

La SSPC y la Comandancia de la GN se han mostrado renuentes a cumplir la suspensión que dictó la jueza Macías, quien incluso multó la semana pasada a la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.