Ciudad de México.- Integrantes de la Universidad Iberoamericana Puebla presentaron dos demandas de amparo como defensoras y defensores de derechos humanos en contra de las recientes reformas a leyes secundarias que facilitan la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A través de un comunicado difundido en redes, la casa de estudios especificó que se trata de una medida derivada de las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos y publicadas el 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.

“ Los cambios legales se enmarcan en un proceso de profundización de la militarización de la vida pública y son un mecanismo para dar fuerza jurídica a la transferencia mencionada, en sentido contrario a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la naturaleza de la Guardia Nacional”, explicó.

“ La participación de los integrantes de la universidad en estas acciones de defensa jurídica ante el Poder Judicial de la Federación se enmarca en la estrategia impulsada por organizaciones de la sociedad civil para defender el carácter civil de la seguridad pública, mismo que ha sido materia de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, disponiendo que las Fuerzas Armadas únicamente pueden participar en esta área de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

De este modo, hacen un llamado al titular del poder ejecutivo federal para analizar esta política encaminada a la militarización del País y sus posibles consecuencias en la ganaría de derechos humanos.

Así como a las autoridades jurisdiccionales a fin de proteger los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la división efectiva de poderes.

Las demandas de amparo fueron antepuestas por integrantes del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, todas dependencias de la Ibero Puebla.