Ciudad de México.- Por segunda vez consecutiva se difirió la audiencia intermedia de Emilio Lozoya, en relación con el caso Odebrecht, en el que está acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora con sede en Brasil.

Un juez de Control fijó para el 10 de marzo la nueva cita.

La defensa del exdirector de Pemex solicitó un diferimiento de la audiencia para analizar información apenas dada a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata de cuatro discos compactos con interrogatorios videograbados, entre ellos a los ejecutivos de Odebrecht que lo acusan de recibir sobornos, y dos dictámenes periciales, uno de contabilidad y otro de derecho extranjero.

La defensa aceptó que aún no se concretaba con las autoridades el acuerdo para acceder al “criterio deoportunidad” y la reparación del daño por 7 millones 385 mil dólares en el caso Odebrecht para que se suspenda el proceso contra el ex director de Pemex, ni el acuerdo reparatorio de 3.4 millones de dólares en el asunto de la planta chatarra de Agronitrogenados, objeto de otra causa penal.

No obstante, su abogado, Miguel Ontiveros Alonso, afirmó en repetidas ocasiones que su cliente mantiene su intención de declarar sobre el destino del dinero que Odebrecht envió como sobornos para que se aprobara en el Congreso la reforma energética, y en consecuencia recibir una sentencia que pondere su cooperación.

En la diligencia, que estaba programada a las 10:00 horas, la FGR formularía de manera oral la acusación contra el ex funcionario.

La sentencia solicitada por el Ministerio Público contra Lozoya resultaría de aplicar las sanciones mayores para cada delito del que se le acusa; que suman más de 40 años, derivado de las penas por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.

Además de la condena de al menos 40 años de prisión contra Lozoya, la FGR solicitó una sentencia demás de 20 años para la madre del ex funcionario, Gilda Margarita Austin, acusada de colaborar en sus operaciones, proceso que la mantiene en arresto domiciliario.

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