Ciudad de México.- Ciudadanos y empresas afectados por las expropiaciones masivas de terrenos para el Tren Maya han impugnado la medida ante el Poder Judicial Federal.

Adrián Zepeda Novelo, juez primero de Distrito en Yucatán a cargo de todos los amparos contra este proyecto, admitió entre mayo y diciembre de 2022 al menos 16 demandas que rechazan los decretos de expropiación, declaratorias de utilidad pública, órdenes presidenciales, ocupación inmediata de predios, o simples órdenes verbales para desalojar terrenos.

Registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indican que Zepeda ha concedido nueve suspensiones para impedir desalojos, seis de ellas en Campeche, una en Yucatán y otra en Quintana Roo, la mayoría entre noviembre y diciembre.

En Yucatán, por ejemplo, la empresa Comibaq defiende la finca San José Sudzal, entre los kilómetros 83 y 85 de la carretera Mérida-Cancún, donde ICA ejecuta trabajos del Tramo Cuatro, que va de Izamal a Cancún.

Granelera y Agropecuaria Campechana, por su parte, reclama la orden dictada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de agosto para ocupar de inmediato 24 predios que abarcan 355 mil metros cuadrados en cinco municipios de esa entidad, sin expropiación de por medio.

Magno Gas, distribuidora de gas LP en el municipio de Santa Rosa Tenabo, a medio camino entre Campeche y Calkiní, litiga contra la orden para entregar un terreno de 6 mil 909 metros cuadrados.

“ La orden e ilegal requerimiento verbal de fecha 29 de agosto de 2022, de entrega y desalojo del predio rústico ubicado en la comunidad Candelaria, del Municipio de Candelaria, Campeche, con una superficie de 2 mil 506 metros cuadrados”, es el acto que reclamó José Antonio Pérez Chabez.

Tanto Pérez como otros grupos de quejosos, han acusado que militares, policías y fiscales estatales, así como funcionarios federales, son los que les han exigido desocupar sus predios, con base en órdenes presidenciales de ocupación inmediata.

Las órdenes de ocupación están previstas en la Ley de Expropiación. Pero un problema para el Gobierno podría ser que, al ejecutarlas, las autoridades se extiendan a predios o fracciones no contemplados en los decretos.

En seis amparos, Zepeda negó la suspensión, pues los afectados cuestionan expropiaciones en las que el Ejecutivo federal sí les dio derecho de audiencia y se les ha ofrecido una indemnización, lo que no quiere decir que el juez ya se pronunció sobre la legalidad de los decretos.

Dos ejemplos son BP Promotions, razón social del fraccionamiento Tulum Country Club, así como el hotel Bahía Príncipe, que impugnaron la expropiación de varios predios en ese municipio, decretada el 1 de agosto.

También se han negado suspensiones a personas que sólo presentan copias simples de documentos para acreditar que son dueñas del inmueble.