Por: Ricardo Homs

El evento conmemorativo de la promulgación de la Constitución de 1917 –el cual se llevó a cabo el pasado cinco de febrero–, marcó con claridad el inicio de una nueva era para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este día, se definió la independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, reivindicó frente al Presidente de la República la división de poderes y el alcance de cada uno de ellos.

No es lo mismo colaboración que sumisión. Esto a su vez es una buena noticia para la preservación de una democracia saludable –hoy acosada desde el Poder Ejecutivo–, que pretende tomar control del INE –sin ningún pudor–, ni siquiera cuidando las formas.

Sin embargo, esta independencia también ofrece una oportunidad de realizar -desde adentro del mismo Poder Judicial- las reformas urgentes que necesita este país para garantizar una justicia expedita y al alcance de todos los mexicanos, sin importar su condición económica, social y educativa.

El rezago es evidente. No se están utilizando los grandes recursos que hoy ofrece la tecnología porque no ha habido voluntad política de hacerlo.

Hoy sabemos que la impunidad de los delitos rebasa el 95% y que, además, la mayoría de los mexicanos no confía en las autoridades –principalmente en policías y el Ministerio Público– y por ello no denuncia.

Además –aparte de la falta de confianza en el sistema de procuración de justicia–, existe un resentimiento colectivo que ha llevado a nuestra sociedad a evidenciar su rechazo a la autoridad moral de las instituciones del Estado Mexicano.

Nunca antes habíamos visto que la delincuencia organizada provoque a las Fuerzas Armadas, e incluso los pobladores de muchas comunidades las expulsen de su territorio de forma humillante, frente a la impasibilidad de los altos mandos, que se resisten a ejecutar las acciones punitivas que la Constitución prevé para que las instituciones gubernamentales preserven la paz social.

Desde el mismo momento en que el Gobierno no ejecuta las acciones que son de su responsabilidad, para proteger a la población civil –justificándose en argumentos demagógicos de tipo ideológico– está burlando a nuestra Constitución.

Sin embargo, basta con echar una ojeada a la currícula de la ministra Piña para descubrir que posee, tanto la visión académica y la formación profesional en la jurisprudencia, como una larga trayectoria en el ámbito de la impartición de justicia.

La mayoría de los expedientes judiciales contienen no sólo inexactitudes, sino mucha ficción. Seguir permitiendo esto puede privar de su libertad a gente inocente, así como liberar a delincuentes peligrosos, asesorados por un abogado eficiente.

Los grandes cambios se logran cuando hay un liderazgo fuerte, que sea capaz de remontar los intereses de quienes se benefician del modelo actual. El carácter y la determinación de hacer lo correcto que ha estado demostrando la ministra Piña a poco más de un mes de haber asumido la presidencia de la SCJN y la titularidad del Consejo de la Judicatura Federal, nos permiten tener esperanzas de cambios radicales en el sistema de impartición de justicia. ¿A usted qué le parece?