Ciudad de México.- El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha guardado un silencio vergonzoso y cómplice sobre la situación en Nicaragua, cuyo régimen ha escalado este mes las sanciones contra los opositores al despojarlos de su nacionalidad, señalaron organizaciones de derechos humanos a REFORMA.

A inicios de febrero, por órdenes del mandatario Daniel Ortega, 222 críticos encarcelados en la prisión de El Chipote fueron enviados a Washington. Sin embargo, más tarde se les informó que el régimen les había quitado su nacionalidad.

Posteriormente, otros 94 opositores, la mayoría exiliados, quedaron apátridas al ser considerados por Nicaragua”traidores a la patria“.

Sobre el tema, la mayoría de los Gobiernos de América Latina, a excepción de Chile y Colombia, no se han pronunciado pese a que se considera una grave violación a los derechos humanos.

“ Esta última arremetida contra los derechos de más de 300 personas, despojándoles ilegalmente de su nacionalidad, a 222 enviándoles forzosamente al exilio, y a otras 94 acusándolas de traición a la patria de manera arbitraria e ilegal, es una muestra más de la política sistemática de represión de su Gobierno”, dijo a REFORMA Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).

“ Los Gobiernos de América Latina han guardado un silencio cómplice. Su silencio alimenta la impunidad con la que opera el régimen de Ortega y Murillo. Dándole la espalda a las víctimas”.

Para Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), López Obrador ha guardado un silencio vergonzoso sobre la situación de Nicaragua respaldándose en su supuesta política de no intervención.

“ Esa política se aplica selectivamente, cuando le conviene. No le ha impedido, por ejemplo, iniciar una pelea diplomática con Perú para hacer una absurda defensa del ex presidente Pedro Castillo, quien intentó dar un autogolpe de Estado para mantenerse en el poder en el país”, externó Taraciuk a REFORMA.

Por su parte, Guevara-Rosas aseguró que el mandatario mexicano tiene “una obligación compartida de defensa de derechos humanos“.

“ Sin embargo, su posicionamiento selectivo para condenar situaciones a conveniencia, no ayuda a las víctimas. Nunca ha condenado las graves violaciones de derechos humanos en Cuba, por ejemplo, mientras aplaude y condecora a (Miguel) Díaz Canel, cuyo Gobierno ha perpetrado crímenes de derecho internacional”, dijo.

Guevara-Rosas enfatizó que el tema es de particular interés para el Gobierno mexicano, ya que miles de nicaragüenses han llegado al País huyendo del régimen de Ortega.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, más de 180 mil nicaragüenses cruzaron a EU en 2022 hasta a finales de noviembre. La mayoría llegó por México.

“ López Obrador debería asegurarse de proveer protección a todos los nicaragüenses en su territorio, y además, como deberían todos los países del continente, ofrecer ciudadanía a quienes hoy han quedado en una condición de apátridas por Ortega”, afirmó Guevara-Rosas.

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