Ciudad de México.- En el marco del informe anual del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió al poder legislativo, representado por el Congreso del Estado, poder judicial y autoridades en materia de seguridad sumarse a a iniciativa de reformar el Código Penal del estado, de manera que se pueda perseguir y sancionar de una manera mas efectiva el delito de extorsión.

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Estoy revisando y le pido al fiscal, al secretario de seguridad, a mi secretaria de gobierno, que revisemos una posible reforma al tema de las extorsiones; un delito que ha ido creciendo en todo el país en sus modalidades y que no queremos que crezca en Guanajuato, yo creo que es momento de organizar los marcos jurídicos y ahí le pido respetuosamente a los diputados, que puedan revisar si es importante o necesaria alguna reforma que nos permita actuar con mayor contundencia, hay temas de discusión para ver cómo se puede acreditar este delito que no es fácil, pero si buscamos alguna reformas, podemos hacer un buen debate “señaló el gobernador.

Durante los últimos años, la extorsión en sus diversas modalidades ha sido una de las principales problemáticas del estado, pues de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2022 las carpetas de investigación que inició la Fiscalía del Estado por este delito, incrementaron un 79 por ciento, pasando de 291 en el año 2021 a un total de 523 al cierre del 2022.

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Hay estados que optaron por ponerlo en el paquete de delitos patrimoniales, que afectan a las personas, como es el caso de los secuestros y ahí puede haber una gran diferencia entre que podemos apuntalar para tener estos delitos”, agregó el gobernador Diego Sinhue.

Cabe destacar que fue apenas en abril del 2022 que el Pleno del Congreso de Guanajuato aprobó reformas al Código Penal para reubicar el tipo penal de extorsión, a fin de reconocerlo como delito contra la libertad y la seguridad de las personas. Con ello, se fijó que el bien jurídico a tutelar es la libertad y seguridad de las personas. Además, se estableció como agravante la afectación directa al patrimonio y que quien cometa la extorsión se encuentre armado.

Con información de Milenio.