Motivados por la victoria que significó haber detenido la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar radicalmente el sistema electoral, legiones de ciudadanos volverán este domingo a las calles y las plazas del país para rechazar el «Plan B» aprobado por las bancadas de Morena y sus satélites en el Congreso y en la Cámara Alta. El plan original contenía aspectos positivos como la reducción del número de diputados y senadores, la desaparición de los institutos locales y un recorte sustancial a las prerrogativas a los partidos (este año recibirán más de 6 mil millones de pesos, sin considerar el financiamiento de los estados). Sin embargo, también planteaba la virtual extinción del Instituto Nacional Electoral (INE).

Mas como el Plan B no requería la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores, AMLO utilizó su mayoría absoluta en ambas cámaras para cambiar las leyes secundarias y ajustar cuentas con el árbitro electoral. La democracia funciona así en cualquier parte del mundo, máxime en los sistemas presidencialistas como el nuestro. Ernesto Zedillo —en la segunda mitad de su Gobierno—, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto —en sus sexenios completos— no tuvieron el control del Congreso y debieron negociar con otras fuerzas políticas sus agendas legislativas.

Las manifestaciones del 13 de noviembre pasado impidieron que los diputados y senadores de oposición le dieran los votos necesarios a Morena para lograr la mayoría calificada, como sucedió con la reforma para extender hasta 2028 las tareas de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública. El PRI se había comprometido a votar contra la iniciativa del presidente López Obrador, junto con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pero al final la apoyó y puso en riesgo la alianza Va por México. Con la reforma electoral no se atrevió para no pagar los costos en las elecciones para Gobernador de Coahuila y Estado de México del 4 de junio próximo.

La promulgación del Plan B provocará una catarata de controversias constitucionales. En este terreno, la ciudadanía puede lograr lo que no consiguió en el legislativo: cancelar las reformas. AMLO tiene mayoría en el Congreso de la Unión, pero en la Suprema Corte de Justicia la mayoría de los ministros (siete) fueron propuestos por los presidentes Calderón y Peña Nieto. Además, la relación entre los poderes ejecutivo y judicial dista mucho de ser cordial por las denuncias de López Obrador contra ese bloque. Para el líder de la 4T, en el máximo tribunal constitucional prevalece la corrupción, el nepotismo y otros vicios.

La presidenta de la Corte, Norma Piña, tampoco es adicta al Presidente ni a la ideología de la 4T como manifiestamente lo era su predecesor Arturo Zaldívar. El Poder Judicial tiene la oportunidad de demostrar su independencia con respecto del Ejecutivo y el Legislativo. No por razones políticas, para complacer a la galería o para hacerle el juego a los partidos y a los grupos de presión, sino en estricto acatamiento de la norma constitucional. El Presidente ha descalificado las movilizaciones. Es un pretexto para atacar al Gobierno, dice. No es así: las marchas son consecuencia de una reforma contraria a toda luz al proceso de democratización del país. El INE y los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no deben ser el centro de las movilizaciones, sino la libertad, la democracia y la justicia.