En julio de 2020 un juez federal del Estado de México ordenó la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, apodado “El Mochomo”, persona implicada en el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Un día después, la Fiscalía General de la República presentó una llamada legalmente intervenida en donde la mamá del criminal desarrolla una explicación de cómo ya tenía listos los millones de pesos para el juzgado, mismos que serían entregados en cuanto quedara en libertad. En total, distintos jueces han liberado a más de 130 personas implicadas en el caso.

El viernes de la semana pasada, un juez desechó el proceso contra Rosario Robles en la llamada Estafa Maestra, pues a su parecer los hechos son de naturaleza administrativa y no penal, resumiendo en una nimiedad el perverso esquema que desvió 5 mil millones de pesos de recursos públicos triangulados a través de varias universidades.

Días antes, un tribunal colegiado confirmó un amparo que liberó las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, otro de los superpolicías de Felipe Calderón, que en realidad solo era un capo uniformado más al servicio del narcotráfico. Las cuentas estaban bloqueadas como parte importante de las investigaciones en su contra.

De igual manera, vía amparos, el mayor delincuente mexicano de este siglo, Genaro García Luna, ha recuperado más del 70% del dinero que se encontraba en las cuentas bancarias bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto se suma a la decisión previa de liberar las cuentas bancarias de su esposa, dictada por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Ciudad de México.

En aquella ocasión donde el Gobierno de México presentó su propuesta de reforma en materia electoral, el punto que nos llamó más la atención y con el que se generó mayo debate de calidad, fue acerca de la elección popular de jueces y magistrados. En un principio, quizá la mayor polémica fue imaginarnos a una persona que dictara sentencia, y con ello justicia, haciendo campaña o pidiendo el voto. Sin embargo, el vínculo generado a través de una votación directa, genera un compromiso moral y la condición de no traicionar a quienes depositaron su confianza en él; así ya no suena tan descabellado.

Les comparto, para concluir, que esta semana nombraron juez segundo Civil del Distrito Judicial de Saltillo al hijo de Rubén Moreira. Yo no sé ustedes, pero para mí ese linaje sí tiene una maldición. Si las acciones de sus mentores básicamente son la impunidad, la corrupción y el uso ilegítimo de la fuerza ¿estará calificado para otorgar justicia? No creo, y tal y como he terminado mis últimas columnas, le vuelvo a confirmar: todos son la misma basura.