Por irónico que parezca, Armando Guadiana (AG) debe a los Moreira su regreso a la política. Las casi cuatro décadas que pasó en el ostracismo las dedicó a los negocios. Hasta antes de renunciar al PRI, el 17 de enero de 2012, para incorporarse a la segunda campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, AG era priista de hueso colorado y en su momento apoyó, como otros contratistas, a Humberto y Rubén Moreira. La venda se le cayó de los ojos cuando se destapó el escándalo de la megadeuda. «No hay manera más digna de renunciar que denunciando a los corruptos porque no seré cómplice otorgando el silencio», dijo ante AMLO al término de una reunión en Villa Ferré con industriales.

AG dimitió al PRI cuando Rubén Moreira iniciaba su segundo mes en el Gobierno, y Humberto ya había sido defenestrado de la presidencia del PRI. El empresario minero cobró notoriedad por publicar desplegados en la prensa de Ciudad de México y en redes sociales para denunciar el endeudamiento y demandar la renuncia del líder de su partido. Le extrañaba que militantes «distinguidos» como «Manlio Fabio Beltrones, Enrique Peña Nieto, Emilio Gamboa Patrón, Beatriz Paredes y muchos más que anteriormente han enriquecido el quehacer ciudadano, hayan permitido que llegase a la presidencia de nuestra organización política el ahora líder nacional, Humberto Moreira».

En vísperas de las elecciones de 2011, Reforma y otros medios insertaron un anuncio titulado: «Humberto y Rubén Moreira, vergüenza nacional para los priistas», firmado por AG. El también criador de reses bravas acusa al clan de querer «implantar una monarquía familiar hereditaria en el estado, cuna de (Madero y Carranza) los grandes próceres de la lucha armada de 1910. (…) Los hermanos (…) han obstaculizado cualquier intento de ciudadanos a participar en el proceso de selección de candidato a gobernador de mi estado (y) confunden el diferendo político con agresión personal».

En una entrevista posterior, AG advirtió que su actitud no respondía a un agravio personal, «(es) porque vemos una mala acción del Gobierno. Se ha dañado el interés social y económico del estado, fundamentalmente para el futuro. En lo personal, no tengo ningún problema con ellos (los hermanos Moreira). (…) El daño económico no es el único legado de Humberto Moreira. Está también la corrupción de la gente a través de la compra de votos. Todo con tal de mantenerse en el poder» (ContraLínea, 11.12.11).

El empresario denunció asimismo las masacres en Allende y Piedras Negras cometidas durante el «moreirato». Ya como senador, el 11 de diciembre de 2018 —recién iniciado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador— presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar acerca del «estatus jurídico o en su caso la resolución emitida por la Corte Penal Internacional sobre la presentación (en julio de 2016) de una denuncia por los delitos que, por su naturaleza, son considerados de lesa humanidad (…) que cobraron la vida de cerca de 300 personas».

Luego de citar declaraciones de testigos sobre la protección del Gobierno estatal al cártel responsable de las matanzas y la entrega de cantidades millonarias a cambio de protección, AG apunta: «Por lo anterior se infiere que diversas autoridades del Gobierno del Estado participaron de manera activa o por omisión en esos crímenes». El senador acusó «el mal Gobierno de los últimos 12 años ejercido en el estado de Coahuila, no solo por motivos de fraudes y endeudamientos», sino también «(por) las multicitadas y penosas acciones de justicia llevadas a cabo en favor de los intereses de Coahuila por parte de tribunales de los Estados Unidos (…) y de España». Después vino el silencio.