Desde la misma empresa fueron reprimidos y defraudados laboralmente por una Junta Federal de Conciliación que recibía órdenes directas de un mal presidente, cuyo régimen se caracterizó por estar en contra de los trabajadores y en favor de los patrones, al margen de la Ley Federal del Trabajo, que debería respetar y aplicar en pro del proletariado.

Se utilizó el Ejército Mexicano y la Policía para reprimirlos.

Cansados del maltrato y los abusos a sus derechos laborales, el 25 de septiembre de 1950, mil 300 trabajadores de la Región Carbonífera de Coahuila abandonaron las minas donde laboraban en las peores condiciones de seguridad –cualquier parecido con la actualidad, es mera coincidencia– para solicitar la revisión del contrato colectivo de trabajo con la empresa Compañía Carbonífera de Palaú, S.A.

Se iniciaron las pláticas en Sabinas, todo iba bien, la empresa se mostraba dispuesta a mejorar las condiciones de los obreros y sus familias, quienes pedían aumento de salario, médico y medicinas para ellos y para sus familias, así como cuatro días de vacaciones al año.

De pronto supieron que la Secretaría del Trabajo por instrucciones del presidente Miguel Alemán, la Junta Federal de Conciliación había suspendido los trámites, alegando que la documentación correspondiente fue presentada por conducto de un espurio líder del comité ejecutivo del sindicato, de nombre Jesús Carrasco.

El 16 de octubre del propio año estalló el movimiento de huelga, respaldado por toda la población de la Región Carbonífera, como respuesta el Gobierno central declaró a la zona en estado de sitio, quedaron suspendidas las garantías individuales. Los ciudadanos eran detenidos en las calles, registrados e interrogados, los grupos disueltos a culatazos de soldados y patrullas federales con elementos armados con ametralladoras que recorrían las pequeñas comunidades de este conglomerado de gente buena y trabajadora. El movimiento de los mineros de la Carbonífera comenzó a recibir apoyo de todo el país.

El 20 de enero de 1951, desesperados por el maltrato y la mafia en el poder, cerca de 5 mil mineros  decidieron emprender una marcha a pie hacia la Ciudad de México –la cual fue denominada como la caravana de hambre–, buscando hablar con el presidente Alemán, esperando su apoyo y comprensión.

Fue largo y lastimoso el peregrinar. Los obreros y  algunas de sus mujeres que les acompañaban fueron concentrados en el campo deportivo 18 de Marzo en la Ciudad de México, bajo la custodia del Ejército y la Policía que no les permitían mayores libertades. Antes de ser secuestrados por el Gobierno federal se habían manifestado en el zócalo capitalino, solicitando la solución a sus demandas legales y marcharon hacia el Monumento a la Revolución, donde fueron interceptados por funcionarios del gabinete presidencial, con falsas promesas, obligándolos a regresar por ferrocarril con la triste derrota reflejada en sus rostros.

Jamás el cobarde presidente Miguel Alemán dio la cara.