“Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo”.
JM Keynes

Sobre la deuda del Gobierno de Coahuila: Apuntes teóricos y legislativos. Parafraseando un artículo publicado por una de las revistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su autora dice, que la forma más sana de financiar el desarrollo económico de las entidades federativas del país, es a través de los ingresos propios de cada Gobierno estatal, que se pueden maximizar con una administración eficiente de las recaudaciones tributarias y no tributarias, en las cuales descanse su gasto corriente y de capital (https://revistas.juridicas.unam.mx/). Aunque, cuando los montos recaudados por el fisco estatal no alcancen a cubrir los bienes (satisfactores) sociales que demanda la población, o bien porque el presupuesto estatal no contempló las restricciones en las participaciones federales, se le ofrece al erario estatal la opción de endeudarse, pero, bajo las condiciones que fija la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y Municipios (LDF); en uno de los cursos que organizó la SHCP para socializarla, se explicaron los objetivos que se deben cumplir cuando un gobierno pide prestado a un ente bancario comercial. Uno de ellos, orientar y ejercer el crédito en tres modalidades del gasto: capital físico (obra pública); capital humano (salud y educación), o en la mejora de la productividad laboral mediante la compra o creación de tecnología.

Según la LDF, “cuando los recursos de financiamiento son utilizados para otros fines, como es el financiamiento de salarios o compensaciones extraordinarias de los funcionarios públicos de un municipio, el endeudamiento genera un bajo impacto sobre el crecimiento y crea una carga presupuestaria para el estado o municipio, la cual, de ser elevada, puede comprometer la sostenibilidad de sus finanzas públicas” https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/.

Derivado del endeudamiento de varias entidades federativas, el Congreso de la Unión reformaba la LDF, otorgándole facultades al Estado Mexicano en la supervisión de los contratos de crédito que suscriban municipios y entidades federativas. Es lamentable que Coahuila, que fue artífice del movimiento democrático en el país, décadas después haya propiciado el volver a depender del centro en cuanto a la formulación de políticas de crédito. Los gobernadores fueron incapaces de autorregularse financieramente. El Estado centralista se convierte de nuevo en el mayordomo que lleva de la mano al parvulario de provincia. Y la respuesta de la SHCP no se hizo esperar, llevando al extremo la austeridad en el ingreso-gasto hacia los estados del país. Los recursos financieros del centro fluyen recortados y a cuentagotas, a las arcas estatales. El criterio que priva en la distribución del gasto es el de la desconfianza en el manejo de los recursos federales.

El fondo de pensiones de la Universidad Autónoma de Coahuila. Un funcionario universitario, cuando era tesorero, antes de llegar a ser rector, decía en tono reflexivo: ‘qué bueno que el estatuto universitario no permite a la tesorería que manejo solicitar créditos a entes bancarios’. Expresión que es probable que compartan algunos jubilados. El desfalco pensionario podría haber sido mayor al que prevalece en 2023. En una entrevista (marzo, 22) que le hicieron al rector (2021-2024), Salvador Hernández Vélez, fue enfático en decir: “uno de los problemas que originaron la crisis financiera radica en la distribución inequitativa de recursos federales, pues la UAdeC es una de las cinco instituciones del país cuyo financiamiento depende a partes iguales de las aportaciones de los gobiernos federal y estatal… Nosotros decimos que debe haber un financiamiento 70-30 para todos… ¡o 60-40! Pero al 50-50 ya está claro que no lo pueden cumplir los estados” (Periodismo de Investigación-La Verdad Juárez).

La causa que señala el rector se puede atribuir a la discreción con que ha manejado el Gobierno del Estado los recursos que por ley debe suministrar al presupuesto universitario cada año. Los recursos no llegan a tiempo y cuando se reciben están incompletos, en contadas ocasiones aporta millones para el pago de sueldos y aguinaldos de los trabajadores activos y pensionados, tal vez a manera de compensación por la alta tasa de morosidad que arrastra en el cumplimiento de sus obligaciones.

La infrecuencia en el pago es explicable por los pasivos que heredó la Administración (2017-2023).

Para poner en contexto, el déficit estatal. El presupuesto en 2023 de la universidad asciende a 3 mil 626 millones de pesos, que permite la educación de alrededor de 30 mil estudiantes y genera más de 7 mil fuentes de trabajo; mientras el solo pago de intereses por la deuda, en ese mismo año, será superior al presupuesto universitario, y solo beneficiará a una elite de banqueros, acostumbrada a maximizar réditos y servicios por prestar dinero de los ahorradores. Desde otra perspectiva más amplia a la del señor rector. Cuando se logre una reestructuración bancaria menos leonina a la última que se hizo, en la cual priven criterios sociales y financieros, y se obtengan ajustes en las tasas de interés y en las amortizaciones al principal, con quitas y años de gracia que permitan “oxigenar” las finanzas estatales, entonces la universidad dispondrá de más recursos para comenzar a “enderezar” el rumbo.