Ciudad de México.- La Consejería Jurídica de la Presidencia acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de tratar de sustituir al Congreso si invalida el proceso legislativo que aprobó el Plan B electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“ Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión.

“ De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”, afirmó en un comunicado.

En una queja más por el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán contra el Plan B, la dependencia argumentó, otra vez, que las leyes reformadas en diciembre del año pasado fueron apegadas al marco legislativo.

La Consejería Jurídica aseguró que la Corte estaría transgrediendo las funciones del Congreso de la Unión, a quien se le cuestiona la dispensa de trámite y la deliberación democrática en las reformas aprobadas en fast track.

#ComunicadoPresidencia

De invalidarse proceso legislativo del “Plan B”, SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.

Comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.https://t.co/ogW3EIcmiP pic.twitter.com/P634NVFp9I

— Gobierno de México (@GobiernoMX) May 7, 2023

“ En el proyecto se omite examinar la dispensa de trámite, que es una atribución reglamentada de los legisladores, que los faculta para someter un asunto a discusión y votación durante una sesión sin pasar por comisiones, para lo cual basta que el pleno de la Cámara de Diputados determine, por mayoría, que una iniciativa es de urgente u obvia resolución”, se explicó.

“ También resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el Plan B en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN”.

La representación legal de Presidencia pidió revisar las sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como las gacetas parlamentarias, para constatar que no hubo afectación a esos principios legislativos, como se asegura en el proyecto de la SCJN.

Acusa Presidencia: SCJN revisa distinto leyes ‘neoliberales’

En el mismo texto dijo que la Corte pretende revisar distinto las leyes expedidas en sexenios pasados del “régimen neoliberal”, con las actuales que surgieron como propuesta del Gobierno del Presidente López Obrador.

“ Al negar la petición realizada por la Consejería Jurídica para resolver, en primer término, las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social, la (SCJN) demuestra que existen dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada”, expuso.

“ En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, el Ministro instructor propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022 (Plan B), al considerar que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, lo cual es falso”.

Los choques de Presidencia vs SCJN por ‘Plan B’

La semana pasada, la Consejería emitió un primer comunicado para pedir a la SCJN que revisara primero las impugnaciones de Morena y MC en contra de la Ley General de Comunicación Social, en 2018, la cual había sido aprobada por el PRI y PAN.

En respuesta, la SCJN rechazó la petición y anunció que mañana se analizaría y votaría el proyecto del Ministro Pérez Dayán.

El Plan B electoral abarca cientos de artículos de las leyes generales, no solo la de Comunicación Social, sino también la de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y de Responsabilidades Administrativas.