Ciudad de México.- La defensa José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde guerrerense de Iguala, aseguró que no hay elementos para acreditar el delito de secuestro por el cual fue condenado su cliente a 92 años de prisión, razón por la cual apelaron la sentencia.

En entrevista con Carlos Zúñiga en MILENIO Televisión, Alejandro Rojas indicó que los hechos por los cuales fue investigado su defendido datan de mayo de 2013, donde perdió la vida el perredista Arturo Hernández Cardona.

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Esos hechos fueron investigados, se inició una averiguación previa y en esa averiguación previa se dictó un no ejercicio de la acción penal, es decir, se archivó el expediente, no había ningún elemento en el cual se involucrara a José Luis Abarca Velázquez”, apuntó.

Sin embargo, tras los sucesos en septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, se reabrió la averiguación previa con una declaración.

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…aquí lo extraño, es que es un testigo que rinde su declaración año y medio después de los hechos; todavía tenemos el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado”, manifestó.

Por lo que hace a la absolución del delito de delincuencia organizada, refirió que a su cliente se le quería involucrar que pertenecía al grupo delincuencial Guerreros Unidos.

“Nosotros acreditamos ante el juzgado que esto no es así, que él no pertenece a ninguna organización delincuencial y por eso es que, el juez lo absolvió por el delito de delincuencia organizada. Entonces tiene una sentencia absolutoria por delincuencia organizada”, finalizó.

Samuel Ventura Ramos, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros, Tamaulipas, dictó la condena por considerar que Abarca Velázquez es responsable del delito de secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos, el perredista Arturo Hernández Cardona.

Según la causa penal 100/2014, se menciona que José Luis Abarca ordenó el secuestro de Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, el 30 de mayo de 2013, en Iguala.

El ex alcalde de Iguala deberá pagar una multa de 920 mil 700 pesos por reparación del daño, la cual puede ser sustituida por 15 mil jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

El caso fue iniciado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, cuando Iñaki Blanco estaba al frente, y después la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo administró y lo consignó.

Con información de Milenio.