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Grupo Zócalo
Publicado el lunes, 29 de mayo del 2023 a las 13:31
Ciudad de México.- El Ejecutivo Federal promulgó la Ley 3 de 3 contra violentadores de mujeres y deudores alimentarios, por lo que ninguna persona que esté en esa situación podrá participar como candidato a partir de las elecciones de 2024 o tener un cargo en la administración pública.
La Ley quedó promulgada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece la suspensión de derechos a los violentadores de mujeres y deudores alimentarios.
#29DeMayo2023 Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.@SEGOB_mx
👉 https://t.co/S0aSTUIVWa— Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) May 29, 2023
Los derechos quedarán suspendidos a quienes tengan sentencia firme por la Comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Además, la Ley 3 de 3 establece que pierden los derechos las personas deudoras alimentarias morosas.
“ En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o Comisión en el servicio público.
También, la Ley establece que para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR) debe gozar de buena reputación y no haber sido condenada por la comisión de delito doloso.
Dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas, deberán ajustar sus Constituciones y demás legislación que sea necesaria, a fin de dar cumplimiento al presente Decreto.
Se calcula que en el país existen unos 35 millones de personas que son deudoras alimentarias morosas, y que podrían estar impedidas para participar como candidatos a cargos públicos.
Con información de El Heraldo de México
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