Ciudad de México.- Los implicados en el entramado de corrupción relacionado a Genaro García Luna ya no tienen recursos legales para evitarlo y por lo tanto tendrán que enfrentar un juicio iniciado por México en Florida, Estados Unidos para recuperar casi 700 millones de dólares que fueron sacados de México de manera irregular.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, indicó que hay suficiente evidencia para reclamar ese dinero que se enmarca en un hecho sin precedentes “un estado que le declara la guerra, por decirlo, así, la acción permanente continuada, sistemática, enérgica contra el estado corrupto”.

“ Y queremos decirles que ya no tienen recurso, es definitivo, ya es inatacable, el juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción, se va a llevar, habrá juicio sin duda alguna.

“ Viene el momento en que el juez les va a exigir a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del gobierno de México, una vez que esto ocurra, se integra el jurado, se abre el juicio y viene el veredicto del jurado y la decisión del juez”, remarcó.

Gómez dijo que a partir de que inicie el juicio se va a exigir a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del gobierno de México.

Por tanto, dejó en claro que una vez que inicie el juicio se integrara el jurado, se da un veredicto y finalmente la decisión del juez.

“ Es emblemático porque nos muestra, es un caso concreto de lo que se muestra cómo operaba el sistema de corrupción”, remarcó.

A mediados de septiembre de 2021, el gobierno de México presentó una demanda civil contra García Luna, familiares y cómplices, entre ellos miembros de la familia Weinberg, por haber formado parte de un esquema de entrega de contratos públicos del gobierno mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón.

A través de la demanda, el gobierno mexicano busca recuperar casi 700 millones de dólares, que García Luna habría entregado a través de 30 contratos entre 2012 y 2018. Con los recursos obtenidos, los involucrados en el entramado compraron bienes en Miami.

Según la UIF, García Luna y sus colegas entregaron más de diez millones de dólares en 76 pagos de sobornos a diversas autoridades para obtener los contratos.

Información por Milenio