Ciudad de México.- Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que empresas proveedoras de materiales electorales fueron incorporadas a la lista de personas bloqueadas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El funcionario se refirió al tema al explicar las medidas aplicadas durante su gestión contra compañías vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

El actual titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral confirmó que la UIF incluyó a varias de esas empresas en la lista que restringe sus operaciones dentro del sistema financiero y sostuvo que las investigaciones se sustentaban en elementos contables y documentales.

“ Por operaciones con recursos de procedencia ilícita”, respondió Gómez al ser cuestionado sobre el motivo por el que se habían bloqueado las cuentas de los proveedores electorales.

Gómez sostuvo que las compañías señaladas obtenían contratos para suministrar materiales electorales sin contar con infraestructura industrial propia, por lo que subcontrataban la producción con otras empresas.

“ Las empresas que se han mencionado no tienen planta industrial, no son industriales, no fabrican nada. Tampoco son comerciantes”, afirmó.

El funcionario aseguró que esas compañías actuaban como intermediarias tanto en las contrataciones del INE como en las de los organismos públicos locales electorales, donde, según dijo, mantuvieron sus operaciones durante años.

“ Son intermediarios que ganan los las asignación a los contratos. Y van y compran todo van a las imprentas y ahí se imprime todo. Ellos nunca han hecho nada”, señaló.

Gómez confirmó que la UIF había aplicado medidas contra varias empresas relacionadas con ese esquema de contrataciones.

“ La UIF, efectivamente, a muchas de estas empresas, las incorporó a la lista de personas bloqueadas”, afirmó.

Durante su gestión, la UIF emitió el acuerdo 401/2023, del 17 de noviembre de 2023, mediante el cual incorporó a esa lista a Corporativo Zeg y Cajas Graf, así como a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

El ex funcionario explicó que la incorporación a la lista permite identificar otras cuentas y operaciones que inicialmente no habían sido detectadas por la autoridad, debido a que las instituciones financieras deben informar sobre las relaciones que mantienen con las personas señaladas.

“ Es posible que una persona que la UIF señala como posible lavador de dinero tenga más cuentas y más actividades financieras que los que la ha captado. Entonces en el momento de la incorporación sale todo”, sostuvo.

Defiende reforma

Gómez cuestionó que anteriormente los jueces concedieran suspensiones que permitían a las personas investigadas salir de la lista de bloqueados antes de que concluyeran los juicios de amparo.

“ Antes los jueces, a todos les daban suspensión. Y al dar la suspensión, lo que están haciendo es adelantar la resolución del amparo. Porque como los quitaban de la lista, ya podían hacer todas las operaciones”, afirmó.

El ex titular de la UIF defendió los cambios legales impulsados en este sexenio para modificar las condiciones en que pueden concederse suspensiones contra la inclusión en la lista de personas bloqueadas.

“No podíamos seguir así”, sostuvo al justificar la reforma, que, según explicó, busca fortalecer la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gómez añadió que las investigaciones financieras también enfrentaban dificultades por la actuación del Ministerio Público, por lo que defendió las reformas destinadas a fortalecer la investigación de esos delitos.

“ Pero también el problema, pues es que el Ministerio Público no siempre estaba a la altura de sus responsabilidades. Por eso también ahora se está haciendo una reforma y profunda”, señaló