Este mes, concretamente la fecha de la pasada jornada electoral, 4 de junio, se cumplieron dos años de la inundación en la mina Micarán de la comunidad Rancherías, en el Municipio de Múzquiz, Coahuila, donde siete trabajadores fallecieron atrapados en un pocito el año 2021.

Nada sucedió entonces. Los cuerpos fueron rescatados en el plazo de una semana, y el caso fue valorado por las autoridades federales responsables de la minería como si se tratase de un fenómeno de la naturaleza, de fuerza mayor.

Inclusive, un día después de la tragedia, CFE se deslindó a través de un escueto comunicado de un párrafo escrito en el tono que caracteriza a su director, Manuel Bartlett, difundido a través de su cuenta de Twitter: “la Comisión Federal de Electricidad desmiente categóricamente que la mina donde ocurrió el lamentable accidente en Coahuila sea proveedora de carbón de la CFE, en consecuencia, era imposible que su director estuviera enterado del estado de la mina”.

Hasta que surgieron otros datos.

Documentos oficiales publicados en su día por la agencia de noticias Infonor evidenciaron que, en el lugar del siniestro, las razones sociales Carkim Industrial, S.A. de C.V., y Rodamientos y Equipos de Sabinas, S.A. de C.V., extraían carbón. En ambas figura como representante la misma persona: Eduardo Rubén Morales Martínez, gerente general de la primera y dueño mayoritario de la segunda, quien además al momento de los hechos poseía un contrato vigente de proveeduría, identificado con el folio CFE-0700-ADAAN-0006-2020, adjudicado el 20 de agosto de 2020 por CFE.

Dichas personas morales aparecieron como patrón ante el IMSS de los trabajadores involucrados, y no quien se presumía lo era: Micarán, S.A. de C.V. Esta última sociedad mercantil, en cambio, fue constituida el 12 de abril de 2018 y tiene por socios a Sergio Antonio Ramos Valdés y Jesús Enrique Sánchez García. Ambos, a su vez, son dueños de Minera La Dormida, S.A. de C.V., domiciliada en Gómez Palacio, Durango, desde 2017.

A diferencia de Pasta de Conchos o El Pinabete, el tema que nos ocupa no entró a la agenda pública y simplemente se canceló la concesión del lote “El Menor”, número 219355, operada por Micarán, S.A. de C.V.

Sin embargo en febrero de 2023 fue presentado a Semarnat un proyecto denominado “Extracción de carbón mineral Carkim-Rancherías”, para explotar la concesión minera “Los Menores II”, en una superficie de 367 hectáreas.

Casualmente, ésta se ubica justo al lado de las cuevas donde murieron los referidos mineros. Entre ambos terrenos existe sólo un lote de separación, denominado “Los Menor”.

Se trata, según el documento técnico unificado para el cambio de uso de suelo forestal y su impacto ambiental, de “infraestructura abandonada perteneciente a un proyecto de explotación de carbón mineral anteriormente establecido en el área”. Ahí Carkim Industrial planea invertir un millón de dólares en 16 minas a explotar en un plazo de 8 años.

Para dimensionar su responsabilidad social: en 520 páginas del documento nunca se habla de mineros ni de riesgos laborales. Es lo que menos importa.

“No aplica”, resolvió Semarnat la segunda semana de mayo de 2023 a las pretensiones de Carkim por reabrir los pocitos ubicados en la comunidad Rancherías.

Como si eso frenase la danza de los millones.

Actualmente la empresa mantiene un contrato por 89 millones 480 mil 196 pesos con CFE, adjudicado el 1 de julio de 2022 con vigencia hasta 2024. Ello supone que para entregar el mineral comprometido a la Central Termoeléctrica José López Portillo y Carbón II, ubicadas en Nava, requiere reabrir viejas cicatrices.

Cortita y al pie

Durante años hemos escuchado lo mismo: que toda una región de Coahuila, la Carbonífera, depende de él como un cuerpo humano al oxígeno. A lo largo del tiempo se ha construido, pues, una falsa premisa.

El trabajo académico “Del carbón a las renovables: análisis económico para la transición eléctrica en México”, de Alejandro Dávila Flores y Miriam Valdés Ibarra, publicado en marzo de 2021, desmonta esa falacia que a fuerza de repetirse mil veces pareciera dogma de fe: ni el carbón es indispensable para el desarrollo (o subsistencia de la Región, mejor dicho) ni es su obligado motor económico. Por el contrario, se puede prescindir paulatinamente de él pues no es la panacea monetaria como se dice, ya que de 2014 a 2019 perdió más de una cuarta parte (-27%) de su valor. Ambientalmente ni se diga su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero.

Anteriormente había sido acuñado el concepto “carbón rojo”, publicado en la investigación “El carbón rojo de Coahuila: aquí acaba el silencio”, de la organización Familia Pasta de Conchos. El meollo del estudio es la flagrante violación a los derechos humanos (a la salud y el trabajo, principalmente) en la cadena extractiva, y los accidentes y eventualmente la muerte en minas y pocitos como consecuencia (3 mil fallecidos en la Región Carbonífera a lo largo de la historia, de acuerdo con el conteo).

Pese a la gravedad de los argumentos planteados en 2018, la actividad productiva se ha mantenido contra todo tipo de circunstancias y sopesando dichos inconvenientes como un ‘mal necesario’.

La última y nos vamos

Y tiene sentido: si no importan los vivos, mucho menos los muertos y peor aún los desaparecidos.