Saltillo, Coah.- Con la finalidad de otorgar mayor claridad, certeza jurídica y transparencia, así como cumplir con las disposiciones legales y normativas de la materia, durante la sesión ordinaria de esta semana en el Congreso del Estado de Coahuila, se aprobó el dictamen de la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado por el que se reforma el Decreto número 404, por el que se autoriza al Estado de Coahuila al refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública estatal, y a celebrar las demás operaciones financieras y actos jurídicos que se señalan, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 30 de diciembre de 2022.

Lo anterior a solicitud del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto derivado de que en el citado Decreto 404 no se encontraba expresamente señalado lo siguiente: El plazo máximo autorizado para el pago; el número de registro ante el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de cada uno de los financiamientos y el porcentaje máximo del Fondo General de Participaciones del estado, entre otros datos.

Por ello, la Comisión de Finanzas del Congreso consideró indispensable modificar el Decreto, dando cumplimiento a las disposiciones legales y normativas de la materia. Cabe hacer mención, que al igual que el mencionado Decreto número 404, aprobado en diciembre de 2022, se mantiene el principio de implementar mejores condiciones de tasas de interés, sin incrementar o contratar nueva deuda.

También en Matamoros 

Con 16 votos a favor y siete en contra el Congreso del Estado también aprobó dos dictámenes de la Comisión de Finanzas, mediante los cuales se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros a contratar un refinanciamiento, un crédito simple y un financiamiento.

El primer dictamen es por la cantidad de 20 millones 321 mil 985 pesos más intereses y accesorios correspondientes, por una vigencia de hasta 5 años para inversión pública productiva.

El segundo contempla que por conducto de funcionarios municipales legalmente facultados y en términos de ley, se gestione y contrate uno o varios financiamientos, hasta por 18 millones 650 mil 874 pesos que deberá pagarse dentro del período de la Administración Municipal.