Las palabras convencen pero el ejemplo arrastra. No basta con difundirlo en redes sociales, hacer un ardid y en el mejor de los escenarios volver viral un tema con fecha de caducidad.

La trascendencia de los asuntos en el mundo real pasa por las instituciones que rigen la vida de los hombres en sociedad. Parece de perogrullo pero ahí es donde se toman decisiones, no en el número de likes o views de una publicación.

Por ello tiene mérito que más allá de las denuncias frívolas y notoriamente incompetentes, aquellas que se promueven “por no dejar” y “para que no se diga” después de un resultado electoral desfavorable, haya llegado a la cancha del Congreso del Estado una relatoría de hechos, firmada por Mónica Escalera, la excandidata a diputada local de Morena por el Distrito 6 de Múzquiz (con cabecera en Frontera), exsecretaria del Ayuntamiento durante 2022 y exsocia, como se ha ventilado antes aquí, de la Alcaldesa de Morena en el Municipio, Tania Vanessa Flores Guerra, a quien acusa de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

No es un caso para echar en saco roto, o condenar al olvido. Si bien el Congreso estatal no es la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, y por supuesto no cuenta con agentes ministeriales a su disposición, sí puede iniciar una investigación a partir del oficio acompañado por un expediente que fue dirigido a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública.

Dicha Comisión es coordinada por Edna Dávalos (PRI). El resto de integrantes son Lizbeth Ogazón (Morena), Claudia Elvira Rodríguez (PVEM), y los priistas Olivia Martínez, Ricardo López Campos, Jorge Abdalá y Jesús María Montemayor.

Este último casualmente representante del distrito donde por vecindad (San Juan de Sabinas y Sabinas) impactan los hechos motivo de controversia y en los momentos más álgidos de la confrontación entre la Presidenta Municipal de Múzquiz y Gobierno del Estado, tomando como pretexto el reparto de programas sociales, “Chuma” fungió como interlocutor y mediador en la reyerta sinrazón. El negociador, pues.

Pero el legislador también tiene historia, pues en la Región Carbonífera es vox populi un trato particular de compraventa que hizo con el excandidato a diputado local por Morena en 2020, Raúl Abraham Sosa Vega, por una propiedad millonaria ubicada en un sitio privilegiado junto al río Sabinas. Ambos eran candidatos al mismo cargo entonces.

Como se publicó el 5 de junio de 2022 (“El alquimista financiero de Morena Carbonífera en Nuevo León”), Raúl Sosa se dedica desde 2017 a “vender asesoría y servicios contables a la industria y el comercio”, y administrar “negocios en general”, vía las sociedades mercantiles Productos e Innovación Comercial, S.A. de C.V., y Beringia, S.A. de C.V., domiciliadas en Santiago, Nuevo León, junto a su socio Sergio Marroquín Aguirre. Dicho de otra forma: facturación. Es facturero.

Además en 2019 creó en papel las empresas Capital BRS, ASCI Active Save Capital Investment y Grupo Sosa Muradas, todas en un plazo de seis meses, con domicilio fiscal en San Pedro Garza García, Nuevo León, y el objeto social de promover inversión, créditos y “arquitectura financiera”, además de “contabilidad administrativa y fiscal de cualquier naturaleza”, “obtener y otorgar financiamientos”, entre otros.

A su cuenta hay que agregar las personas morales Green Tech Power, S.A.P.I. de C.V. y Ranasomu, S.A. de C.V., la primera domiciliada en San Pedro y la segunda en Monterrey. A su edad (34 años) posee desde 2019 una residencia en Olinalá, uno de los sectores más exclusivos de San Pedro Garza García, Nuevo León, a las faldas de Chipinque.

Aunque se trata de un tema de índole personal tiene relevancia pública en la toma de decisiones y la relación política con los representantes de Morena. Particularmente hoy.

Cortita y al pie

¿Se puede ser absolutamente imparcial? ¿Independiente? Mejor aún: ¿Se atrevería cualquier diputado local, del partido que sea, tanto los que terminan el 31 de diciembre con el fin de la Legislatura o los que fueron reelectos, a “aventarse un tiro” contra una funcionaria de suyo problemática y su hermano, electo legislador por el PT, irrelevantes políticamente pero con dinero suficiente (han facturado más de 2 mil millones de pesos de CFE entre 2021 y 2022 con su consorcio de empresas) para pelear, corromper y comprar lo que se atraviese?

Luego de revisar la relatoría de hechos presentada al Poder Legislativo, algunos de ellos publicados en exclusiva en este mismo espacio en 2022 y 2023, el documento de 73 páginas en poder de quien esto escribe confirma que existe materia de responsabilidad administrativa.

La última y nos vamos

Sin embargo, a partir de su recepción en la Oficialía de Partes, se convirtió en un asunto de mano izquierda y derecha. De cálculo político. Hasta de coyuntura electoral tomando como referencia 2024.

Acostumbrados a que nada pase, ¿dónde queda entonces la legalidad si partimos de la componenda como base para la actuación?