Mucho se ha especulado sobre los retos que enfrentará el nuevo Gobierno coahuilense a cargo de gobernador electo Manolo Jiménez, a partir del 1 de diciembre próximo.

Para muchos los principales desafíos son: impedir que las organizaciones delictivas que agobian a los estados de Zacatecas, Tamaulipas y Nuevo León alteren nuestro territorio, hasta ahora tranquilo, y recuperar la inversión federal que nos han quitado desde 2019.

Como abogado postulante en nuestro estado, es mi obligación mencionar que a los dos retos mencionados en el párrafo anterior habrá que sumarle otro que cada día amenaza más con desestabilizar la armonía de la sociedad coahuilense, al punto de llevarlo al parámetro de “estado fallido” y que lo es la grave ineficacia e inoperatividad que cada día más observa nuestro Poder Judicial.

Debemos recordar que en 2015 se cometió un grave desfalco a las arcas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, tras una inversión fallida en la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, que lo dejó en franca bancarota. Desde entonces la administración de justicia ha venido en decadencia constante dada la afectación al Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia de dicho Poder Judicial.

Y es que, este fondo de mejoramiento que se constituye principalmente con recursos provenientes de multas, fianzas y garantías que imponen los jueces a los gobernados en procesos judiciales, tiene como objetivo principal, la capacitación constante del personal y la mejora continua de su infraestructura, por lo que al haberlo perdido, evidentemente se dejó de aplicar en estas áreas tan importantes.

Pues bien, desde entonces, los tribunales locales han carecido de los más básicos insumos para su funcionamiento, a pesar de que a partir de ese desfalco, nuestros juzgados aumentaron el costo de las copias, cuando las hay, así como el monto de las multas, con el fin de poder recuperar lo jugado, lo que a todas luces no ha sucedido.

Ahora mismo nuestro poder judicial carece de salas adecuadas para audiencias en la modalidad de juicios orales, los actuarios notificadores son impresionantemente pocos, como pocos son los empleados que atienden los procedimientos familiares, civiles, laborales y mercantiles que se ventilan en todos los juzgados de nuestro estado y los que lo hacen lo realizan de mala gana y culpan de su actitud a la exagerada carga de trabajo por causa de lo escaso del personal y los recursos materiales.

El término “estado fallido” ha sido empleado desde hace décadas para describir un estado soberano que, se considera, ha fallado en garantizar el acceso a servicios básicos a su población. Se mide el fracaso de un estado con los siguientes parámetros: corrupción política e ineficacia judicial.

Entonces, para quien dude de que el rubro judicial deba ser uno de los principales retos del nuevo Gobierno coahuilense, le recuerdo que el acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse en una sociedad democrática, participativa e igualitaria y que sin ello nuestro estado podría convertirse en un verdadero “estado fallido”.