Ciudad de México.- El Fondo de Cultura Económica (FCE) ya no es lo que era antes de 2019, cuando el escritor Paco Ignacio Taibo II asumió su dirección.

El pasado 14 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó un anteproyecto de decreto que reforma el objeto y razón de ser del sello editorial, sumando a su función el eje rector de la promoción del libro en el país.

Fuera del marco jurídico, lo anterior ya tenía causa, pero la oficialización, largamente postergada en el sexenio, está ya en la antesala.

La propuesta de la SEP, disponible para su consulta pública en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, pretende reformar el Artículo 2 del decreto vigente, de 1994, cuando el FCE obtuvo su carácter de organismo descentralizado.

Consultados, tres editores con historia en el sello –Tomás Granados, Daniel Goldin y Joaquín Díez-Canedo Flores– coinciden en que se trata de un cambio de vocación que no corresponde a la tradición de una de las editoriales más emblemática que existen en Hispanoamérica.

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Hay una transformación vocacional, de ser una editorial, una entidad que concibe, produce y comercializa libros, a un organismo público más asistencial”, resume Granados, quien fue Gerente Editorial del FCE.

No obstante, advierte que esta modificación queda por debajo de lo que podía esperarse, puesto que Taibo II lleva años anunciando una fusión jurídica –con una “eterna demora”, como él mismo ha dicho– entre el sello, la red de Librerías Educal y la extinta Dirección General de Publicaciones (DGP) de la Secretaría de Cultura.

Aunque el FCE y Educal ya trabajan coordinadamente de facto, acarreando críticas de que Taibo II extralimita sus funciones, la redacción del Artículo 2 no prevé una nueva forma de operación entre las dependencias.

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Mi primera sensación es que es una ocasión perdida para definir la política sobre el libro de este Gobierno. Digamos que estábamos esperando algo muy grande y es el ‘parto de los montes’; queda muy por debajo. El cambio es ambiguo e insuficiente”, dice Granados.

Asimismo, critica que, tras la extinción de la DGP, ninguna de sus funciones hayan sido explícitamente traspasadas en el anteproyecto de decreto.

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Ahora, que se abría la posibilidad de modificar el estatuto del Fondo, deberían haberse incluido. Para mí, este doble movimiento, la derogación casi subrepticia (de la DGP) y la no inclusión en este proyecto es la sentencia de muerte de la política pública sobre el libro en el país”.

Lo que sí hace, con la adición de un nuevo párrafo, es encargar al FCE lo siguiente: “El fomento a la lectura y el libro en escenarios nacionales e internacionales, y debe promover acciones con los tres órdenes de Gobierno para que sus publicaciones lleguen a todos los sectores de la población mediante mecanismos adecuados”.

Es aquí donde cambia la vocación que ha construido con las décadas.

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Lo que yo percibo entre la redacción vigente y la que se propone es el cambio hacia una institución dedicada al fomento mediante libros gratuitos”, apunta, “lo cual es bueno como política estatal, que exista un organismo dedicado a eso, (pero) mi cuestionamiento es si era el Fondo el que debe hacerse cargo. Me parece que esa función cae más en la SEP, pero en los mecanismos de educación, de formación de lectores, por la vía educativa y la no educativa. Lo más extraño de este decreto es que revela el desconocimiento de la historia de la institución (y de las instituciones) y su desconocimiento del idioma”, zanja, por su parte, Goldin, editor que fundó y dirigió las colecciones infantiles y juveniles del FCE.

Según explica, el sello, fundado por Daniel Cosío Villegas en 1934, partió de la necesidad de procurar materiales a estudiantes de economía y, a partir de ahí, amplió sus líneas editoriales: “Ha pasado por muchas etapas, pero siempre se mantuvo una confianza en que los libros contribuyen al desarrollo del país, y una confianza en los lectores. En su inteligencia y en la necesidad de ofrecerles obras con diversas posturas ideológicas y estéticas”.

En contraposición al anteproyecto de la SEP, que reiteradamente apunta a la posibilidad de que el Fondo regale libros, Goldin recuerda que el decreto vigente protegió a la editorial de extinguirse en una época en la que se estaban eliminando las empresas públicas de participación estatal mayoritaria.

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No podía ser una carga para el Estado, por eso había que publicar libros y venderlos. Para regalarlos había (y hubo hasta este sexenio) otras instituciones, entre ellas, la DGP”, contrasta.

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En su afán de concentrar el poder en una sola persona y de amoldar las instituciones a las personas, la actual Administración está promoviendo un cambio innecesario, salvo para convertir al FCE en una empresa onerosa: es decir, costosa”.

Díez-Canedo Flores, director del FCE entre 2009 y 2012, opina que el énfasis en la promoción de la lectura podría descobijar tareas que forman parte de la esencia del sello, como poner en circulación libros de humanidades, ciencias sociales, divulgación científica y literatura para lectores universitarios y especializados.

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Libros que pocas veces emprenden otras editoriales porque son libros muy caros, y yo creo que los apoyos que recibe el Fondo del Gobierno deberían servir para eso, para ponerlos al alcance no necesariamente del primer lector, sino al contrario, de la gente que necesita tener acceso a esos libros a veces publicados en otros idiomas”, expone. “…sa fue la primera esencia del Fondo y creo que eso no se debe perder”.