Unos van y otros vienen, pero el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago F/1163, celebrado con fecha 30 de septiembre de 2011 entre el Estado y Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo Financiero, permanece como testigo de piedra en la deuda de Coahuila.

A punto de cumplir 12 años, el documento del real administrador ha sido “reexpresado” el 26 de junio de 2015 y el 19 de octubre de 2018, además de haber sido modificado el 7 de marzo de 2019 y el 30 de mayo de 2022.

Diferentes instituciones financieras han participado en ese tiempo, generando nuevas condiciones y plazos, cambiando de manos el dinero, sin un avance significativo para el Gobierno del Estado. Los nuevos créditos suprimen vicios pero la memoria queda. E INVEX lleva el registro.

Durante tres sexenios ha servido como bitácora de todos los movimientos y en los próximos días se celebrará un quinto convenio modificatorio del fideicomiso maestro, pues el pasado 4 de agosto inició el proceso de licitación pública SEFIN/SSIC/001/2023 para la contratación de uno o más financiamientos por un monto de hasta 36 mil 269 millones 382 mil pesos.

El miércoles 23 de agosto será la junta de aclaraciones entre los interesados a fin de concluir el negocio el próximo 11 de septiembre. Así, los nuevos contratos quedarán sellados 70 días antes de concluir el sexenio actual.

La línea del tiempo ha sido relevante todo el tiempo, ya que el 21 de diciembre de 2022 fue aprobada la renegociación por el Congreso del Estado y publicada el día 30 en el Periódico Oficial (antes de iniciar el proceso electoral). Posteriormente fue rectificado el 20 de junio de 2023 (después de la jornada electoral) por los diputados locales, y publicado un día después.

Nos encontramos, entonces, ante una reestructura ordinaria. Otra. Sin contratiempos pero tampoco intervención de terceros especialistas que aporten una opinión al tema. Los resultados, por tanto, no podrían ser distintos a los previamente obtenidos. Hay una continuidad en la relación con los bancos, sin cuestionamientos y lo más importante: sin quitas.

Tampoco hay ciudadanos vigilando el proceso. O dígame usted qué “opositor” en todos estos años ha presentado algo más que verborrea en temporada de campañas para obtener raja política.

Y aquí viene lo interesante: el proyecto aprobado por los diputados locales supone pagar 102 mil 174 millones 692 mil 885 pesos de 2023 a 2043, liberándose de la obligación en 20 años.

Si a lo anterior sumamos los 57 mil 168 millones 90 mil pesos que se han pagado de 2011 a 2022 por “servicio de la deuda”, de acuerdo con el ejercicio de contabilidad realizado por El Universal (09/07/23), sin tomar en cuenta nuevas y eventuales renegociaciones a futuro, el gran total ascendería a 159 mil 342 millones 783 mil pesos.

Sí, casi cinco veces lo que se pidió originalmente.

Pero no nos hagamos bolas. La cifra no iba a desaparecer mágicamente al votar por una opción distinta para Gobernador de Coahuila, al grado que, para dimensionar, los tres candidatos derrotados en su día ni siquiera dieron un dato asertivo acerca del monto. Todo fue superficial y al calor de la campaña. Improvisado, en algunos casos. Cinco años de Obradorismo tampoco han hecho la diferencia. Al contrario: predomina la indiferencia federal en el tema.

Ahora bien, ¿no existe la posibilidad de hacer una quita de capital? ¿Con base en qué criterio nos mantienen cautivos Multiva, Banobras y Banorte, los acreedores actuales de la deuda?

No es lo ideal, porque lo ideal -se he mencionado aquí en otras ocasiones- sería repudiar la deuda ilegítima, por lo menos la obtenida mediante documentos apócrifos entre 2009 y 2010 (falsificando decretos aprobados por el Congreso y publicados en el Periódico Oficial).

Todo esto, cabe señalar, a nombre de la administración estatal, bajo la responsabilidad de Héctor Javier Villarreal Hernández como secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), y que sumó en su día 6 mil 300 millones de pesos. Entonces Bancomer prestó mil 650 millones de pesos el 2 de diciembre de 2009. Santander mil 100 millones el 12 de julio de 2010. El 2 de septiembre del mismo año Bancomer dio un contrato más, esta vez por 550 millones de pesos. Para cerrar el año Banco del Bajío liberó mil millones de pesos el 16 de diciembre. Ya en 2011, el 28 de marzo, otros 2 mil millones de pesos fueron adjudicados.

Lo anterior consta en el oficio SEFIN/UT/1181/2018 de la Secretaría de Finanzas, en poder de quien esto escribe.

Cortita y al pie

Por lo demás, Coahuila ha sido un cliente disciplinado a lo largo de una docena de años. Religiosamente y sin chistar se ha desprendido de 57 mil millones de pesos –cantidad aún cuestionable pues seguir la pista del dinero no es tarea fácil– que no han ayudado a amortizar la deuda en ese periodo.

Así, en consonancia con lo anterior, ¿no sería un buen momento para que las entidades financieras muestren un ápice de responsabilidad social (nadie dice que se conviertan en instituciones de beneficencia, pues aquello iría contra su naturaleza) y actúen en consecuencia?

La última y nos vamos

Nadie conoce tan bien a Coahuila como Banco INVEX. Es la piedra filosofal en la trama. Si bien hay elecciones y periódicamente se renueva el poder en el estado, desde hace 12 años estamos en las manos de sus dueños: Juan Bautista Guichard Michel y Patrick Doucet Leautaud.