Ni un peso de las adjudicaciones quedó en Coahuila, ni las obras han sido concluidas a 15 meses de anunciadas.

Y eso que son las únicas del sexenio para el estado, incluidas en el paquete que arbitrariamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) deliberó desde la Ciudad de México –y que básicamente consiste a nivel nacional en parques de beisbol, el deporte favorito del autócrata, a sobreprecio–sin que alguien –un comité local, por ejemplo– las haya solicitado en esos términos.

El 13 de mayo de 2022 el Gobierno federal otorgó una partida económica para el estado de 262 millones 861 mil 711 pesos a un par de constructoras de Mérida, Yucatán, para que realizaran trabajos a 2 mil 300 kilómetros de distancia: en Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz.

Se trató de la “renovación de la plaza central de Nueva Rosita y entorno urbano”, además de rehabilitar el “módulo deportivo con plaza en la colonia Nueva Imagen”, y la “construcción del memorial Pasta de Conchos”, todas en el municipio de San Juan de Sabinas.

Las tres fueron adjudicadas a la razón social Grupo Mármol Construcciones, S.A. de C.V., por 63 millones 449 mil 717 pesos. La referida sociedad mercantil pertenece a los hermanos Rodrigo Adrián y Alejandro Adrián Martínez Molina, de Mérida, Yucatán.

A su vez fue adjudicada la “renovación integral y ampliación del polideportivo Palaú, y construcción de campo de beisbol infantil en el municipio de Múzquiz”, en 129 millones 796 mil 164 pesos.

En este caso el beneficiado fue Constructora Próser, S.A. de C.V., de José Enrique González Prieto, Mercedes Bates López y Carlos Ancona Riestra, coincidentemente de Mérida.

Ellos mismos se agenciaron la “renovación de parque lineal a un costado de la estación del ferrocarril del municipio de Sabinas”, por otros 59 millones 645 mil 185 pesos.

Finalmente, para la “supervisión externa” de las obras antes mencionadas, contrataron a la empresa Sisa Hermes Construcción y Supervisión, S.A. de C.V., de la Ciudad de México, en conjunto con Ingeniería y Construcción 3G, S.A. de C.V., constituida en Zamora, Michoacán, aunque con domicilio en Toluca, Estado de México, por un monto de 9 millones 970 mil 645 pesos.

Así, en total, la bolsa de 262 millones 861 mil 711 pesos acabó allende las fronteras de Coahuila. Si bien en su página de transparencia el estatus aparece como “terminadas”, no han sido inauguradas y el seguimiento se perdió. En la segunda mitad del sexenio ya no se reporta. La llave siempre estuvo cerrada, y ahora también bajaron la cortina.

Cortita y al pie

Ahora bien, no es un caso aislado, sino el denominador común. Tal como sucedió con la mina Pasta de Conchos, donde se reporta un avance oficial del 17% en las excavaciones del rescate a un año de concluir el sexenio y se vislumbra un fracaso anticipado, situación ante la cual el interés de las viudas ya está en otra parte, específicamente las “indemnizaciones” estimadas en 8 millones de pesos.

Quién sabe a qué conducirán las labores luego de 2 mil 111 millones de pesos asignados entre Proacon México S.A. de C.V., Desarrollo de Terracerías, S.A. de C.V., e Ingeniería y Servicios ADM, S.A. de C.V., todas de la Ciudad de México, y Obras Mineras y Tiros del Centro, S.A. de C.V., de Aguascalientes.

Había ocurrido en las edificaciones que hizo Sedatu en 2019 y 2020, en Ciudad Acuña y Piedras Negras, estas últimas obras a sobrecosto, con detalles peculiares que se difundieron en este mismo espacio como la participación millonaria de un mesero de Acapulco, y cuya utilidad práctica –una presunta recuperación de espacios públicos en zonas de alta marginación– queda en entredicho.

Y aquí viene lo interesante: mientras Sedatu contrató vía licitación constructoras locales en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, entidades que fueron favorecidas con presupuesto del programa de mejoramiento urbano para ciudades fronterizas y con vocación turística, en Coahuila se importan contratistas de otras latitudes. Sí: un trato diferenciado.

La última y nos vamos

Ni una sola empresa coahuilense favorecida, en resumen. No se trata de cometer incesto regional ni de bloquear la participación de foráneos en aras de un hipotético autoabastecimiento, sino de maximizar los recursos y activar la economía local. Es de lógica: si llega poco, y además no se reparte aquí, cuál derrama.

Por lo demás, son otras las necesidades en la entidad.

¿Y los coahuilenses? ¿No tienen la capacidad para ser contratados, no existe la disposición de contratarlos, o simplemente no participan en los enjuagues centralistas de la 4T?