Perú.- La presidenta del Perú, Dina Boluarte, deberá responder al citatorio de la Fiscalía sobre los 49 muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y un total de 77 fallecidos en las movilizaciones de protesta ocurridas entre diciembre y marzo pasado.

La Fiscalía ha citado a la gobernante para declarar en la investigación preliminar que ha abierto contra ella y otras altas autoridades del Ejecutivo, por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de las cuales fueron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.

A través de un documento oficial, el Ministerio Público detalló que Boluarte ha sido citada a la sede principal de la Fiscalía, en el centro histórico de Lima.

El titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó que la jefa de Estado acudirá a la citación, durante su participación en la convención minera Perumin 36, que se celebra en la ciudad de Arequipa.

“ El saludo caluroso de la presidenta Dina Boluarte, quien por las decisiones que tomó en defensa de la democracia, está preparándose para asistir a una diligencia judicial”, dijo Otárola para justificar la ausencia de la mandataria en esa cita empresarial.

En el mismo documento, la Fiscalía citó a Otárola, pero este no se ha referido al tema.

Boluarte ya acudió a la Fiscalía en el marco de esta investigación en dos ocasiones, pero la primera, el 7 de marzo, no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración de Otárola.

El 6 de junio pasado Boluarte respondió durante unas tres horas ante el Ministerio Público, y a su salida, su abogado Joseph Campos declaró a los medios que la presidenta esperaba ser excluida de las investigaciones.

Durante su intervención en Perumin, Otárola dijo que “el Gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el estado constitucional y legal de derecho” y agregó que no les “temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y paz y seguridad de 33 millones de peruanos”.

Aseguró que desde el Gobierno no van a permitir que “el país caiga en el caos, el desorden y la inseguridad”.

El primer ministro sostuvo que la paralización en las compañías mineras, a raíz de las protestas, fue provocada por amenazas “de grupos muy reducidos y violentos que sembraron la destrucción y la inmovilidad” en varias regiones del sur, con el pretexto de reivindicaciones sociales no atendidas.

“ Pero todos lo sabemos, con la finalidad de apoyar al golpista, el ex presidente Pedro Castillo, y derrocar el nuevo régimen”, expresó Otárola en referencia al destituido exgobernante por su intento de golpe de Estado en diciembre pasado.