Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscan fincar responsabilidades contra el ex Fiscal Especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, por presuntas omisiones que derivaron en la liberación de varios de los involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.

El Mandatario explicó que, de acuerdo con hallazgos recientes, se pudo confirmar que el ex funcionario dejó pasar plazos, no practicó protocolos ni solicitó información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que resultaba clave para las indagatorias.

“ Yo por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación pensaba que se habían practicado los protocolos Estambul, no se hicieron, ni siquiera se cumplió con solicitar información a la Comisión de Derechos Humanos y se pasaron los términos, el Fiscal Especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran, fíjense eso, y como comprenderán no es casual”, acusó.

– ¿Buscarán fincar responsabilidades al ex Fiscal?, se preguntó al Presidente.

– “Si yo creo que sí, porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación”.

– ¿Qué más han encontrado, además del incumplimiento de los tiempos?

– “Qué no se avanza, o no se avanzaba en la investigación, había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas”.

– ¿El Fiscal ya está sujeto a investigación?

– “Estamos reconstruyendo todo, a mí me llamo mucho la atención, porque uno actúa en función de la confianza siempre, entonces (Alejandro Encinas) me presenta una lista de los responsables que estaban libres y entonces le digo pues hay que actuar”.

– ¿El ex Fiscal Especial pudo ser manipulado?, se cuestionó.

– “También no lo descarto, que se dejó rodear ahí por gente que no tiene convicciones, pero además son muy derechosos, falsarios, hay mucha simulación en todo esto, entonces resulta que se niegan a elaborar la información, la documentación para las órdenes de aprehensión y empiezan a renunciar al interior de la Fiscalía, al grado de qué renuncia el Fiscal Especial y los del GEI, , los abogados de los jóvenes en vez de reconocer que estábamos actuando se enojan, porque no querían que se detuviera al procurador y a otros”, reprochó.

López Obrador insistió en que funcionarios de la Fiscalía General de la República y hasta funcionarios de su Gobierno tampoco tenía interés en concretar la aprehensión del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

De paso, reveló la supuesta existencia de un “acuerdo” para permitir que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, se fugara a Israel.

“ Yo me di cuenta que habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad y que además ya en el Gobierno nuestro, los que estaban a cargo, que les habíamos dado la confianza de hacer la investigación, eran parte también del esquema de protección que se había creado desde el Gobierno anterior, por ejemplo no había ordenado muy extrañamente el que se consignará al Procurador Murillo Karam, que andaba quitado de la pena”, dijo.

“ Ahora que me metí al fondo del asunto, me estoy encontrando que se les dio libertad a muchos que había participado en la desaparición de los jóvenes, con el argumento de la tortura, que hubo tortura, que dejó, o se acordó que se iba a ir Zerón a Israel y liberan, por tortura, a 50 participantes”.

– ¿Y quiénes acordaron mandar Zerón a Israel?, se le preguntó.

– “Estamos investigando, pero sin duda hubo protección, como la había para el Procurador y esto que les estoy diciendo es gravísimo, imagínense que tenían que presentar pruebas en un plazo de 10 días y no las presentan”, expresó.

En septiembre de 2022, Omar Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), luego de que le arrebataran el poder de decisión sobre las indagatorias y procesos bajo su encargo.

Gómez Trejo presentó su dimisión desde el 15 de septiembre, al enterarse que unas horas antes la Fiscalía Especializada en Control Regional, un área ajena a su unidad, se desistió -sin su autorización- de 20 órdenes de aprehensión contra implicados en el Caso Iguala, 16 de ellas de militares.