De pronóstico reservado será el final del enfrentamiento que ahora viven los poderes Ejecutivo, a través del Legislativo, contra el Judicial, respecto a la confiscación de 15 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación por parte de Morena y aliados, con lo que les obligarían a disminuir prestaciones y sueldos de todos sus funcionarios judiciales.

Y es que, por si no lo sabía, el miércoles pasado el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 14 fideicomisos que benefician a órganos que integran el Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), proyecto turnado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Como es de verse, en este nuevo pleito presidencial se mezclan circunstancias legales, políticas y mediáticas, las cuales, tal como lo busca el Presidente, hacen tambalear la autonomía de los poderes que constituyen nuestro Estado mexicano. AMLO intenta ahora someter al Poder Judicial, aunque esta vez los propios ministros serán juez y parte a la hora de declarar la firmeza de esta reforma; lo que me lleva a decir, que en materia política y legal las cosas quedarán empatadas.

A pesar de esto último, en el área mediática el Presidente echará mano de lo que mejor sabe hacer, y que lo es el de influir en la opinión del pueblo para denostar a los integrantes del Poder Judicial para lograr su sometimiento, tal cual lo ha buscado desde su arribo a la Presidencia de la República. Sin duda, la desventaja en la opinión pública la tendrá el mismo Poder Judicial, la cual, a decir verdad, será la consecuencia por haberse dedicado todo el tiempo tutelar mayormente sus prestaciones económicas, siempre sobre el sentir del pueblo, lo cual puede explicarse dado que un ministro de la Corte ni se imagina lo que vive un ciudadano común para lograr sobrevivir en este país lleno de desigualdades.

Es decir, que por olvidarse del pueblo, los integrantes del máximo tribunal del país nada pueden esperar de la opinión pública, ya que pudiera ser esta la oportunidad que el pueblo ha esperado para cobrarles los agravios causados con tantas resoluciones adversas; y ejemplos hay muchos: La sentencia dictada en plena crisis del año 1998, cuando declararon legal el anatocismo, que es la capitalización de los intereses, los que sumándose al capital originario pasan a redituar nuevos intereses, a pesar de que la mayoría de las legislaciones del mundo lo prohíben.

Así igual, las cuestionadas resoluciones dictadas sobre asuntos como la caída del sistema, Amigos de Fox, Hildebrando, Monexgate, Lydia Cacho, Guardería ABC, el asunto de Florence Cassez y lo relativo a permitir que el Infonavit cobre réditos altísimos a los trabajadores sin tener una vivienda digna, barata y accesible.

En resumen, los integrantes de la SCJN, que con sus actuaciones siempre han beneficiado a la clase política y empresarial, ahora requieren con sus manifestaciones que sea el pueblo quien les apoye, como si este último tuviera la culpa de lo mal que les están su servilismo. O lo que es lo mismo: ¡Será difícil ahora cosechar del pueblo, lo que nunca han sembrado!