Ciudad de México.– El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Martínez Gómez, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para tipificar el delito de cohabitación forzada de personas y se sancione con ocho y hasta 15 años de prisión.

Indicó que la cohabitación forzada, también conocida como convivencia forzada, se refiere a una situación en la que dos o más personas se ven obligadas a vivir juntas bajo un mismo techo, a menudo en circunstancias en las que no lo desean.

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Esta situación puede surgir por diversas razones, como presiones socioeconómicas, conflictos familiares, arreglos de vivienda forzados o coerción por parte de una autoridad o entidad, en muchos casos, la cohabitación forzada puede ocurrir como resultado de conflictos familiares, como divorcio, separación o problemas intergeneracionales”, sostuvo.

La reforma plantea que comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad, de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.

Al responsable de este delito se le impondrá una pena de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa. La pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

Martínez Gómez puntualizó que la iniciativa busca establecer sanciones proporcionales y efectivas para quienes perpetren este tipo de acciones atroces, de modo que se disuada a aquellos que intenten someter a otros a convivencias no deseadas.

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Los efectos de la cohabitación forzada pueden ser variados y a menudo negativos. Pueden incluir tensiones emocionales, conflictos constantes, violaciones de privacidad, abuso físico o psicológico y una sensación general de incomodidad y desesperación, las personas involucradas pueden experimentar ansiedad, depresión y una disminución de su bienestar psicológico y emocional debido a la falta de autonomía y control sobre su entorno”, agregó.

El legislador enfatizó que la cohabitación forzada es un acto que vulnera la libertad y la integridad de las personas, constituyendo una forma de violencia que trasciende el ámbito privado y se extiende al núcleo social.

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No podemos permitir que estas prácticas se mantengan impunes en nuestra sociedad, debemos levantar nuestra voz y legislar para erradicarla por completo. Esta práctica abusiva y violatoria de los derechos humanos está dejando una huella nefasta en la vida de muchas personas, principalmente mujeres y niños”, aseveró.

Finalmente, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Julio Manuel Valera Piedras, turnó la iniciativa a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.

Con información de Milenio.