El PRI llegará a las elecciones presidenciales del año próximo con dos gubernaturas —ambas en coalición con el PAN y el PRD—, 11 menos que en la sucesión de 2018. En el mismo lapso, Acción Nacional bajó de 12 a cinco y el PRD perdió las cinco que ostentaba. Movimiento Ciudadano, por su parte, se hizo con dos de las más importantes (Jalisco y Nuevo León). Morena es la nueva aplanadora con 23 estados. Tal ventaja podría ser determinante el 2 de junio próximo a la hora de nombrar al sucesor de Andrés Manuel López Obrador, en este caso a una mujer. Claudia Sheinbaum lidera por ahora las encuestas.

La operación política de los gobernadores del PRI, quienes cubrían la mayor parte del territorio y controlaban el Congreso, resultó clave para recuperar la Presidencia después de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. El desparpajo del primero y la debilidad del segundo, causada por su elección impugnada, facilitaron la tarea. Sin embargo, en vez de aprovechar la oportunidad para democratizarse y hacer las paces con la ciudadanía, la cúpula del PRI la convirtió en una orgía de corrupción encabezada por Peña Nieto y sus secuaces. El epítome de su Gobierno fue escándalo de la Casa Blanca.

Los gobernadores tuvieron manos libres y sólo tres de los más cínicos y petulantes —Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y César Duarte (Chihuahua)— fueron puestos entre rejas. En ese contexto la mayoría de los estados dio paso a la alternancia. La ciudadanía, decepcionada, dejó de votar por el PAN y el PRD y se decantó por Morena, lo cual reconfiguró el mapa político del país. Las entidades donde el anacrónico modelo presidencial a escala aún prevalecía (poderes Legislativo, Judicial y órganos «autónomos» supeditados al Ejecutivo) ofrecieron mayor resistencia al cambio. El último gran baluarte del PRI en caer fue Estado de México. Sólo Coahuila ha logrado soportar el embate de la ola guinda.

Al igual que Fox, Calderón y Peña Nieto, López Obrador no se arrogó la facultad de quitar virreyes a su antojo como era costumbre en tiempos de la presidencia imperial. Pudo haberlo hecho, pues a diferencia de sus predecesores, no dependió de ellos para ganar la Presidencia. En los tres últimos sexenios el Gobierno federal canalizó mayores recursos a los estados para atraerse a los gobernadores, jefes políticos de los diputados. De ese modo consiguió que el presupuesto y las reformas que requerían mayoría calificada fueran aprobados.

Tener mayoría en el Congreso le permitió a López Obrador invertir la fórmula. Para imponer una política de «austeridad republicana» tendente a «combatir la desigualdad social, la corrupción y el despilfarro de bienes a través de una administración eficiente y transparente de los recursos públicos», desapareció fideicomisos y recortó fondos a los poderes Legislativo y Judicial, así como a órganos autónomos y a los estados, lo cual empeoró la situación de Coahuila por la deuda.

El Presidente le ató así las manos a los gobernadores. Una decena de ellos formó la Alianza Federalista para exigir un nuevo pacto fiscal. El bloque se disolvió cuando Morena retuvo la mayoría en el Congreso y ganó tres estados de ese grupo. El partido de AMLO no solo llegará a los comicios del 2 de junio próximo con más gubernaturas (23), sino con el manejo del presupuesto federal como antes ocurría con el PRI. Si las elecciones se ganan con dinero, aunque no siempre, el escenario se esclarece. A menos que un milagro modifique la tendencia.