Ciudad de México.- Alfredo Jalife, reconocido analista político, fue detenido por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México por una denuncia de la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, por difamación. Así se castiga en Nuevo León, estado donde procedió la acusación.

El comentarista cercano a la Cuarta Transformación fue aprehendido durante la noche del martes en inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de una denuncia presentada en el estado de Nuevo León.

Tatiana Clouthier interpuso una denuncia penal contra Alfredo Jalife-Rahme en diciembre pasado al acusar que era víctima de violencia política y difamación a través de redes sociales.

“ MIniciado este año ha arreciado (…) la violencia política y esa me parece que, en momentos tan importantes como los que vivimos en términos de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en temas de las mujeres, me parece muy grave”, dijo Clouthier a través de un video.

Clouthier denunció que Jalife-Rahme continuamente ensucia su nombre al decir que habla mal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la difama acusando que quiere vender el litio.

¿Qué es difamación? Esto dice el Código Penal de Nuevo León

El artículo 344 Código Penal para el Estado de Nuevo León define que “la difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se le hace a otra persona o persona moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”.

Según el artículo 345 del Código Penal, el delito de difamación se castigará con prisión de seis meses a tres años, o multa de 10 a 500 cuotas, o ambas sanciones, a criterio del juez.

Esto quiere decir que así como la cárcel, el juzgador o juzgadora también puede imponer una sanción, según la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que en 2023 es de $103.74 pesos, puede llegar hasta $51,870 pesos.

Asimismo, el artículo 346 señala que al acusado de difamación no se le admitirá prueba alguna para acreditar la verdad de su imputación, sino en dos casos:

Cuando aquella se haya hecho a un depositario o agente de la autoridad, o a cualquiera otra persona que haya obrado con carácter publico, si la imputación fuere relativa al ejercicio de sus funciones.

Cuando el hecho imputado este declarado cierto por sentencia ejecutoriada, y el acusado obre por motivo de interés publico o por interés privado, pero legitimo, y sin animo de dañar.

En estos casos se librara de toda sanción al acusado, si probare su imputación.

Con información de Milenio.