México ocupa el lugar 116 de 142 países en el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial o WJP, por sus siglas en inglés) con sede en Washington. Su fundador, William Horlick Neukom, presidió la Asociación de Abogados de Estados Unidos y fungió de asesor legal y vicepresidente de Microsoft. «Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate la pobreza», dice WJP en su sitio web. Asimismo, «es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, y funge como la base del desarrollo, de Gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales».

WJP observa a escala mundial, por sexto año consecutivo, un declive en el régimen de libertad, derechos fundamentales, separación de poderes, legalidad y protección judicial frente al uso arbitrario del poder, que las constituciones deben garantizar en la sociedades democráticas. El estado de derecho registra menguas en más de la mitad de los países evaluados; en el 78% la caída es constante desde 2016. La puntuación de México en el Índice global es de 0.42 en una escala de 0 a 1, donde 1 representa el mayor apego al estado de derecho. La calificación más alta (0.47), tomada de ocho factores, la obtuvo en 2015; entonces estaba en la posición 79 (de 102).

El factor 1 del Índice (Límites al poder gubernamental) determina si los gobernantes están sujetos a la ley, si existen frenos y contrapesos para obligarlos a rendir cuentas y controles no oficiales como una prensa libre e independiente. La calificación de México en este elemento (.44) lo ubica en el puesto 104, un descenso con respecto a 2015 cuando el puntaje era del .51 y ocupaba el lugar 61. El mayor retroceso se advierte en orden y seguridad, donde pasó de 0.61, en 2016, a 0.50 este año. El sistema de justicia civil presenta un deterioro en el mismo periodo (0.44-0.37).

WJP observa también un debilitamiento de la sociedad civil y de la prensa como equilibrios no gubernamentales (0.58-0.48) y un estancamiento en la lucha contra la corrupción (0.33-0.26). En Gobierno abierto, México subió al lugar 45 con 0.58. La mejor posición de nuestro país (71) corresponde a la transición de poder con arreglo a la ley y la integridad de los procesos electorales con 0.61 de puntuación. En cuanto a la capacidad de los poderes judicial y legislativo como contrapesos, México ostenta los sitios 99 y 108, en declive desde 2015. El puntaje y el puesto menores (0.27 y 133) guardan relación con la falta de castigo a los funcionarios que abusan de sus atribuciones, sin cambios notables desde 2015.

Por lo que toca a la eficacia en la procuración e impartición de justicia, el respeto a los derechos de las personas detenidas, privadas de la libertad y a las víctimas de delito, México se ubica en la posición 81. En «ausencia de corrupción en justicia penal» cae al sitio 130; en «efectividad y celeridad en impartición de justicia» la baja es de dos puestos, con una calificación de 0.27 (en 2015 tenía 0.33); y en «ausencia de discriminación en justicia penal se desploma al 138. El peor lugar (140) lo tiene en «efectividad de las investigaciones». Frente a la erosión del estado de derecho, en México y en gran parte del mundo, es inaplazable reformar el sistema de justicia para reforzar su independencia y mantenerlo fuera de la influencia del poder político y de los grupos de interés.