Ciudad de México.- Los foros para analizar las 20 reformas del Ejecutivo Federal arrancaron este martes con la participación de solo cuatro ponentes y el desaire de los coordinadores parlamentarios de la Oposición.

El foro sirvió para que Juan Antonio Fernández Correa, director corporativo de Planeación Estratégica de Comisión Federal de Electricidad, defendiera la propuesta del Ejecutivo federal para eliminar del texto constitucional el término de que la CFE sea considera “empresa productiva del Estado”.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, encabezó la reunión sin ninguna intervención, luego de que los demás coordinadores se ausentaron.

Legisladores de oposición criticaron las propuestas que estuvieron en análisis, como la de reconocimiento de derechos indígenas, la de protección de animales y la referencia a la CFE.

Hasta el morenista Irán Santiago pidió que se analice mejor la iniciativa presidencial sobre salario mínimo a maestros y policías, porque deja fuera a quienes no tienen jornada completa, como son la mayoría de los profesores de Oaxaca.

En su participación Fernández Correa dijo que la iniciativa de reforma sobre la industria eléctrica no regresa al esquema previo del 2013.

Afirmó que se respeta la participación de generadores privados y podrán atender a las empresas que lo requieran en las demás actividades de la industria eléctrica, precisando que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado.

Dijo que, con la reforma propuesta, se garantiza que la CFE tenga responsabilidad social, que va más allá de ser un negocio.

“Es decir, no se está privilegiando a un competidor sobre el resto de los participantes, ya que se hace explícito que el fin de las empresas públicas no es el lucro, sino que se está protegiendo al sistema eléctrico y el abastecimiento de un insumo esencial para la nación.

“Lo anterior aplica tanto para el servicio público de energía eléctrica como para el servicio de Internet como área estratégica”, refirió en el primer foro de 37 que organizará la Cámara, de un total de 41.

El funcionario de la CFE agregó que se requiere de una empresa estatal que llegue a las comunidades y a la población vulnerable que las empresas privadas no están dispuestas a atender.

Además, al hacer explícito que no sólo la planeación, sino también el control del sistema eléctrico nacional tiene como objetivo preservar la seguridad energética de la nación, se brindan herramientas al Estado para garantizar el suministro durante emergencias, sostuvo.

“La iniciativa presentada abre la puerta a contar con un marco jurídico que dé los elementos a la empresa pública para poder garantizar el abasto a los mexicanos sin importar las circunstancias”, mencionó al presumir que la CFE resolvió en 10 días los cortes de luz en Guerrero tras el huracán Otis.

Justificó que la eliminación de la obligación de la CFE de operar con rentabilidad y aplicar las mejores prácticas son características de las empresas privadas.

“No son aplicables a una empresa pública, se brinda una mayor flexibilidad para invertir en proyectos de índole social, así como en proyectos de tecnologías limpias que representen un avance hacia la transición energética, pero que recuperan la inversión en el largo plazo.

“Este tipo de proyectos no podría materializarse en el esquema actual que solamente busca una rentabilidad financiera y no social”, sostuvo.