Madrid, España.- El magistrado del Tribunal Supremo (TS), Luciano Varela, pondrá al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados por haber investigado las desapariciones en la Guerra Civil española y el franquismo.

Fuentes del Tribunal Supremo confirmaron que Garzón tendrá que responder por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al abrir una causa por las desapariciones del franquismo sin contar con competencias legales.

El magistrado Varela transformó en un procedimiento abreviado las diligencias contra Garzón y dio un plazo a las instancias que le acusan, las organizaciones Manos Limpias, Falange y Libertad e identidad para formular un escrito de acusación.

Luego de que alguna de las tres instancias formule la acusación, Garzón comparecerá en un juicio oral.

El pasado 25 de marzo, el Tribunal Supremo de España rechazó la impugnación que Garzón interpuso por el auto en su contra por haber investigado las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.

En una resolución, la Sala de lo Penal del TS rechazó invalidar el auto que en su momento se instruyó para iniciar la investigación contra Garzón, por lo que con ello lo siguiente es citarle para que declare como procesado.

El juez fue acusado de presunta prevaricación (delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario) por haber investigado las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo sin ser de su total competencia.

Garzón es acusado principalmente por una organización de extrema derecha vinculada a La Falange, y en el auto en su contra se destaca que el juez actuó a pesar de que los crímenes de esa época ya fueron objeto de amnistía por parte del Parlamento español.

En 2008 Garzón decidió investigar esas desapariciones y ordenó la búsqueda de fosas comunes y constatar la muerte de responsables del franquismo y de La Falange, a los que se responsabilizaría de esos crímenes, pero meses después debió pasar el caso a juzgados comunes.

De momento, algunos juzgados con base en la Ley de la Memoria Histórica realizan la búsqueda y excavación de fosas comunes, pero sin hacer una investigación judicial que busque deslindar responsabilidades.