México, D.F.- El pleno senatorial conoció en primera lectura el paquete reformas a nivel Constitucional para resguardar los derechos humanos de mexicanos y extranjeros.

En caso de aprobarse, se convertiría en la primera reforma pendiente que el Senado concrete en un intento por transformar el régimen político mexicano y la piedra angular para legislar la Declaratoria de Estado de Emergencia para combatir al crimen organizado, como propuso el Ejecutivo.

Además, la CNDH quedaría facultada para investigar a fondo las violaciones graves a los derechos humanos y podrá presentar denuncias formales ante las autoridades competentes.

De acuerdo con una modificación al artículo 33 constitucional, por primera vez los extranjeros legales o ilegales que estén en México tendrán derecho a audiencia con el Ejecutivo antes de ser expulsados e incluso solicitar asilo.

Además, establece constitucionalmente la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, inclusive hacer efectiva la aplicación de los tutelados en tratados internacionales.

De cara a la discusión de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, los senadores acordaron, que el Congreso aprobara la suspensión de garantías.

El dictamen que será discutido hoy en el pleno propone que durante la suspensión de garantías, la Suprema Corte de Justicia revise de oficio la constitucionalidad de los decretos del Ejecutivo.

Además, manda al Ejecutivo a establecer como uno de los principios rectores de la política exterior la protección de derechos humanos, lo que en la práctica obligaría a que México asuma una posición en organismos multilaterales en temas como el trato de Cuba a quienes considera disidentes políticos.

Con este paquete de reformas se incluye que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea elegido a través de una consulta pública.

Con esta reforma, ningún servidor público podrá negarse a acatar las recomendaciones de la Comisión de los Derechos Humanos e, incluso, quedarán obligados a dar a conocer públicamente su respuesta al organismo ante el Senado y la Comisión Permanente.

Los extranjeros —con o sin documentos— que se encuentren en territorio mexicano también podrán impugnar la decisión presidencial de expulsión y tendrán el derecho a solicitar y recibir asilo político si así lo desean.