Méico.- Si en 2006 recibió 18 mil millones de pesos, para 2010 se le destinaron 52 mil millones; organizaciones civiles acusan falta de eficacia.

Los compromisos que marcaron el nacimiento del Seguro Popular siguen pendientes, entre ellos asegurar que sus afiliados cuenten con servicios médicos de calidad. Analistas señalaron que profundiza algunos de los males que pretendía combatir, entre ellos, la fragmentación de los servicios de salud y el desigual acceso a la atención médica.

El Seguro Popular, creado durante la administración de Vicente Fox y reforzado durante el gobierno de Felipe Calderón, busca otorgar servicios de salud a las personas de bajos recursos que no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social, que no tienen empleo o que trabajan por su cuenta.

EL UNIVERSAL recorrió clínicas y hospitales de Chiapas, Guerrero, estado de México y el Distrito Federal. En todos los lugares encontró historias de decepción, enojo y frustración porque las promesas no se cumplen.

Las quejas fueron recurrentes: desabasto de medicamentos, clínicas y hospitales deterioradas, personal insuficiente o no existen los equipos para prestar servicios de calidad.

Los males no son por falta de recursos, advirtieron especialistas. En la administración de Felipe Calderón el presupuesto se triplicó. Si en 2006 recibió 18 mil millones de pesos, para 2010 se le destinaron 52 mil millones.
Hace unas semanas el Banco Mundial aprobó un préstamo por mil 250 millones de dólares para que el Seguro Popular “sea más eficiente y llegue a mayor parte de la población”.

Para investigadores y organizaciones no gubernamentales, aunque se tenga más presupuesto, la falta de eficacia seguirá porque los problemas del Seguro Popular están en su diseño y en la administración de los recursos.

Con el Seguro Popular, también se crearon Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), para el manejo del programa en las entidades. Pero cada estado diseñó el REPSS a su gusto. Actualmente 24 entidades cuentan con regímenes dependientes de las secretarías de Salud locales, por lo que no tienen capacidad técnica ni autonomía de gestión para administrar los recursos.
Alejandro González, de la organización Gestión Social y Cooperación, expresó que “no está garantizado el uso eficiente de recursos”.

Salomón Chertorivski, titular de la instancia que administra los recursos del Seguro Popular, aseguró que este año el gobierno impulsará una “segunda generación de reformas” para homogenizar los modelos de Seguro Popular que existen en los estados.

Briseida Lavielle Sotomayor, de Fundar, lamentó que no haya “mucha información pública” sobre el uso de recursos del Seguro Popular. Por su parte, John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), resaltó que hay una separación “muy grande” entre los recursos que se asignan y la prueba de que se transformen en servicios de salud.