Ciudad de México.- Organizaciones que integran la colectiva Cambiémosla Ya urgieron a los distintos actores políticos −Suprema Corte, candidaturas presidenciales, Congreso y Secretaría de Economía− a consolidar los avances de la nueva Ley de Minería y a no permitir “la interferencia corporativa” en la regulación de esta actividad económica.

Señaló que la nueva ley, que entró en vigor hace un año, se encuentra en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que pidieron al ministro Alberto Pérez Dayán, privilegiar en su proyecto de resolución los derechos de los defensores ambientales, pueblos y comunidades que han defendido su territorio y detenido el despojo de tierras y recursos naturales que de manera sistemática permitía la Ley Minera de 1992.

Respecto a los candidatos a la presidencia, los pueblos, comunidades y personas defensoras de la tierra agrupados en el colectivo consideraron “desafortunadas” las declaraciones de Xóchitl Gálvez, quien -indicaron- “satanizar a la minería”, cuando de lo que se trata es de regular y minimizar sus impactos, “no los privilegios” del sector minero.

Sobre el candidato Jorge Álvarez Máynez, indicaron que pretende “ponerle precio a la naturaleza y a la vida y ofrecerlas al mejor postor”, luego de que planteara un “impuesto verde” para compensar los impactos que los proyectos mineros han dejado a lo largo y ancho del territorio.

Las organizaciones cuestionaron “las reuniones a modo” organizadas “por quien se dice enlace de medio ambiente” de la candidata Claudia Sheinbaum, con la industria minera, en las que -señalaron- sus cabilderos e integrantes tanto de la Cámara Minera como de Grupo México, que plantean que la nueva Ley Minera se va a desechar y “se hará otra de la mano” de las empresas a las que hay que regular.

La Colectiva Cambiemosla Ya también acusó que la Secretaría de Economía ha incumplido con su obligación de publicar el reglamento para acompañar la entrada en vigor de la nueva Ley Minería, ya que tenía 180 días para hacerlo pero ya transcurrieron 365 días, “el retraso no se justifica”.

El reglamento debe establecer con claridad las obligaciones derivadas de las concesiones mineras vigentes, otorgadas previo a la aprobación de la Ley de Minería de 2023, subrayó.

Información de La Jornada.