Ciudad de México.- Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, rechazó la solicitud del Congreso de la Unión para prorrogar el plazo de cumplimiento de una sentencia de enero de 2022 que le ordena expedir la nueva Ley General de Aguas, y acusó una actitud contumaz de los legisladores.

La nueva ley tenía que haber sido publicada a más tardar en febrero de 2013, según mandato de la Constitución, pero 11 años después no existe.

A la fecha, sigue vigente solo la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que no reglamenta el derecho humano al agua que tras la reforma de febrero 2012 prevé el artículo Cuarto de la Constitución, sino las cuestiones de recursos hidráulicos previstas en el artículo 27 de la Carta Magna.

“ Las últimas comunicaciones no verifican un mayor avance diverso a lo presentado hasta este momento, toda vez que el Congreso de la Unión ha reiterado que las acciones emprendidas para el cumplimiento se han limitado al trabajo en comisiones, esto, sin considerar que el plazo otorgado por este Máximo Tribunal para el cumplimiento de la ejecutoria concluyó el 15 de diciembre de 2022″, acordó la Ministra. 

“ Al respecto, no ha lugar a otorgar la prórroga solicitada, pues además de que ambas Cámaras se encuentran en incumplimiento de la ejecutoria de mérito, al ya haber transcurrido en exceso el plazo otorgado en la sentencia, lo cierto es que la suscrita no cuenta con facultades para modificar la ejecutoria dictada por el Pleno de este Máximo Tribunal”. 

Piña sostuvo que las Cámaras no han aportado algún elemento para justificar la conducta contumaz en la que han incurrido, y les dio 10 días hábiles para que remitan un cronograma en el que se advierta el plan del trabajo legislativo específico para dar cumplimiento a esta sentencia, así como los plazos estimados para el desarrollo de cada etapa.

La Ministra puede imponer multas a los presidentes de ambas Cámaras, y si bien en teoría la Corte puede llegar a ordenar la destitución y consignación penal de los responsables del desacato, es extraordinariamente difícil aplicar esta sanción a miembros del Congreso, muchos de los cuales dejarán sus cargos a finales de agosto.

El Senado es el que tiene un proceso más avanzado, pues desde el 18 de octubre cuenta con un dictamen de Ley General de Aguas, pero desde entonces ya terminaron dos periodos ordinarios de sesiones sin someterlo al Pleno.

La Cámara de Diputados no ha hecho mayor esfuerzo por cumplir la sentencia, pues se ha limitado a enviar a la Corte copia de algunas iniciativas y un diagnóstico homologado sobre la problemática del agua en México.

Cuando el Pleno de la Corte discutió este asunto hace más de dos años, el Congreso alegó en su defensa que la contingencia por la pandemia de Covid-19, a partir de marzo de 2020, interrumpió sus trabajos para dictaminar diversas iniciativas con las que pretendía expedir la nueva ley.

Ese argumento fue rechazado, pues en 2020 ya habían pasado siete años de que terminó el plazo constitucional.

La Corte emitió su orden en 18 controversias promovidas por municipios de Chihuahua por el conflicto con el gobierno federal por la entrega de agua de la presa La Boquilla a Estados Unidos.

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