Saltillo.- Una crisis convulsiva por la falta de medicamentos le arrebató la vida a Sofía Magdalena Ortega Castillo, una enfermera que desde enero del 2023 comenzó una batalla legal contra la Delegación del ISSSTE Coahuila y la dirección del Hospital de Alta Especialidad de Saltillo, debido a que le negaron el tratamiento para su epilepsia y le obstaculizaron el proceso para obtener su trámite de incapacidad definitiva.

A través de redes sociales, denunció que Hilda Luna, directora del que fue su centro de trabajo, le cerró las puertas para recibir atención médica a pesar de ser derechohabiente y contar con este derecho.

“ Estoy siendo víctima de hostigamiento y abuso de autoridad por parte de mis seudo jefes, pido apoyo para que pueda recibir un trato digno y humano”, señaló en una de las tantas publicaciones que hizo Sofía Ortega para evidenciar su caso en páginas del ISSSTE a nivel nacional, donde responsabilizó de su situación a la directora del Hospital de Alta Especialidad y a otros funcionarios como el administrador, Gonzalo Guerrero Luque, el jefe de recursos humanos, Armando Galicia García, el contador, Humberto Cisneros Valdez, entre otros funcionarios como Roxana Ochoa, María Candelaria Loredo y Karen Nava.

Durante más de un año la enfermera general fue vulnerada en sus derechos laborales y en su derecho a la salud, ya que en el hospital no le querían hacer válidas las incapacidades y le levantaron dos actas administrativas por incumplimiento de funciones, aunado a esto, tampoco le proporcionaron los medicamentos psiquiátricos y anticonvulsivos que controlaban su padecimiento, argumentando que fingía los síntomas y no los necesitaba.

La enfermedad de Sofía surgió hace nueve años a raíz de un accidente automovilístico, pero fue hasta hace un año que las crisis epilépticas que sufría la pusieron en riesgo a ella y sus pacientes, pues algunas ocurrieron mientras desempeñaba sus funciones.

A pesar de contar con los documentos que comprobaban un diagnóstico de crisis convulsivas criptogénicas, que eran de difícil control, sus superiores no le autorizaron la incapacidad permanente

“ Los de la Delegación en vez de darlo como un caso humanitario y acelerarlo, lo que hicieron es que todavía estaban retrasando su caso otros seis meses o más con tal de no otorgarle el seguro que a ella le corresponde”, denunciaron anónimamente fuentes cercanas al caso, quienes ahora temen que tras la muerte de Sofía Ortega le retrasen a sus familiares el dinero de apoyo que se otorga para gastos funerarios y otras prestaciones que por derecho le corresponden.

Recientemente, la enfermera estaba en espera de los resultados de un amparo que interpuso contra de las autoridades del ISSSTE para que le hiciera válido el seguro de invalidez y vida por su diagnóstico médico.