Saltillo, Coah.-  El Gobierno estatal informó que mantiene el diálogo con ambas partes del conflicto obrero-patronal de Tupy Saltillo, para mediar y que se solucione cuanto antes para mantener la estabilidad laboral que hay en Coahuila, por lo que se espera un acuerdo para el próximo miércoles. 

Una comitiva de trabajadores se reunió con el liderazgo de la CTM en Saltillo para reafirmar que será la Confederación de Trabajadores de México la que defenderá sus intereses ante la empresa brasileña. 

La reunión, que se extendió por varias horas, fue para limar asperezas y mostrar voluntad de cooperación, sin embargo no se podía obtener de ella una solución al conflicto ya que no estaba presente la parte patronal.

Será el próximo miércoles cuando los directivos de Tupy den a conocer la cifra de bono solidario que ofrecen a los empleados para que regresen a la actividad cuanto antes, dinero que les sería depositado dos días después, el viernes.

Por ahora los trabajadores se mantienen haciendo guardias a la entrada de la empresa, herméticos, pero dispuestos a extender el paro hasta que se satisfagan sus necesidades. 

Sin sobresaltos: CAL

Aunque el sector automotriz ha sido uno de los más golpeados en materia de utilidades a razón del tipo de cambio peso-dólar, las empresas afiliadas al Clúster Automotriz Laguna (CAL) avanzan sin sobresaltos en la Región Laguna, donde el cumplimiento ya alcanzó el 85 por ciento. 

Lo anterior de acuerdo con José Luis Hotema, presidente de este organismo empresarial que agrupa unas 32 empresas que son la fuente de empleo de unos 65 mil colaboradores en La Laguna tanto de Coahuila como de Durango. 

“

Hay estabilidad en este tema. El reparto, en esta semana, esperemos llegar al 100%”, comentó. 

Aunque para este sector de la producción primordialmente exportador, sí hubo una baja en las ganancias, por lo que en algunos casos fue necesaria la entrega de bonos solidarios o bonos de producción, para compensar esta caída.  

“

En el tema laboral no ha habido situaciones… hay buena comunicación”, recalcó el empresario.  

Lamentó que el tipo de cambio generó pérdidas al sector exportador en donde el automotriz juega un papel muy importante al tener a Estados Unidos como principal cliente. Sin embargo, señaló, “hemos sabido operar con ese tipo de cambio porque al final de cuentas también la materia prima va de acuerdo con el dólar, una cosa con otra, pero el año pasado sí afectó por el desfase”. 

‘Existen las vías para exigir una prestación’

En muchos casos no se están siguiendo las vías legales para presentar inconformidades y exigir el pago de utilidades que conforman del derecho constitucional, lo que podría llegar a consecuencias penales en caso de paros ilegales, aseguró María de los Ángeles López Martínez, presidenta de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de Previsión Social (AMDTP).

En entrevista para Despega Con Chuchuy de TeleSaltillo, la abogada habló de la importancia de que los trabajadores en lo individual tanto como sus líderes sindicales conozcan sobre sus derechos, además de priorizar la mediación y los medios alternos.

Señaló que a raíz de prácticas como el outsourcing, en su momento, normalizaron prácticas como la entrega de bonos de solidarios por concepto de utilidades sin importar el nivel de ganancias de la empresa.

“

Tenemos un gran reto como ciudadanos. Estamos viviendo una nueva legislación laboral, una nueva regulación del derecho del trabajo… necesitamos mucha comunicación e información. Es muy triste que un trabajador en defensa de sus derechos, llegue a un paro de labores y pueda resultar denunciado penalmente”, señaló. 

Y es que con un paro “ilegal”, “se afecta una fuente productiva global que tiene una regulación especial y puede haber una sanción específica para quienes realizan estos actos”, puntualizó. 

Aunque reconoció que el “no pago de utilidades”, es un motivo de huelga, sin embargo hay que seguir el cauce correspondiente. De entrada, se requiere participación del 30% de los trabajadores previamente antes de iniciar un movimiento del que se deberá informar a las autoridades laborales. Acudir ante inspectores del trabajo, es una alternativa viable. En el caso de Tupy, que a la fecha mantiene un paro en sus actividades derivado de la insatisfacción del monto que la empresa reportó a sus colaboradores. 

“

Este derecho constitucional está sujeto a que haya utilidades y que los bonos tienen cierta historia tradicional, pero sino está pactado en un contrato colectivo no es obligatorio, ni tampoco el paro es el mecanismo para llevar a cabo la exigencia de una prestación”, dijo la abogada de amplia trayectoria. 

En este momento y hasta el último día de mayo, transcurre el plazo para presentar las inconformidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ya sea en grupo o de manera individual, esta dependencia podrá fiscalizar todo el ejercicio en cuestión. Si esto arroja un resultado distinto a las utilidades, tendrá que subsanarse la diferencia. 

“

El trabajador palpa, sabe, conoce cómo opera una empresa… claro, hay factores que influyen en un mayor costo de las operaciones, el dólar influyó en gran medida en estos resultados”, explicó.

Destacó que las utilidades son un derecho constitucional, a participar de esos beneficios que han contribuido a generar durante un ejercicio fiscal, condicionado a que se generen dichas ganancias. 

El monto, explicó, es de acuerdo a los resultados de cada empresa, pero el porcentaje es fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Actualmente se trata del 10% sobre dicha rentabilidad. 

Con información de: Edith Mendoza y Carlos Rodríguez