Ciudad de México.- En su impugnación de la elección presidencial, el PAN y PRD desistieron de la exigencia de nulidad de la contienda, pero demandaron al Tribunal Electoral pronunciarse sobre las irregularidades que se presentaron.

“Estamos pidiendo que el Tribunal Electoral se exprese en torno de las irregularidades que nosotros estamos denunciando, si ellos determinan que estos elementos, todos juntos, equivalen a que haya una nulidad de la elección, ya lo determinará el Tribunal.

“Que el Tribunal nos diga qué es lo que va a hacer con este tipo de acciones”, afirmó el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, quien, junto con su homólogo del PRD, Ángel Ávila, entregaron el recurso ante el INE para que lo envíe a la Sala Superior.

El documento es prácticamente el mismo que presentó, por separado, la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez.
También se centra en la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

Además, acusa a funcionarios federales, dependencias, como la Secretaría de Bienestar y el Centro Nacional de Inteligencia; así como a Gobernadores, que presuntamente actuaron de manera imparcial, al propio ex Ministro Arturo Zaldívar e incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Asimismo, afirma que se coaccionó el voto con los programas sociales, pues la propaganda y la advertencia era que para continuar con los programas debían votar por Morena, y se acusó a la Oposición que, de ganar, supuestamente desaparecerían los apoyos.

Por parte de sindicatos, afirma que hubo una injerencia indebida, ya que movilizaron a sus agremiados hasta en horarios laborales a mítines de la candidata oficial.

También asegura que la violencia en el proceso electoral sí impactó, pues se registraron 750 agresiones, de esas 82 asesinatos contra aspirantes, operadores y familiares, durante el proceso.

La inseguridad provocó la renuncia de capacitadores electorales, imposibilidad de instalar casillas y temor de los ciudadanos para votar por la Oposición.

En su recurso, el PAN y PRD piden a los magistrados un “test de determinancia” en el que se establezca el impacto de las violaciones constitucionales en un proceso electoral.

“Si la autoridad jurisdiccional limita el estudio de la determinancia a un porcentaje de menos del cinco por ciento se convierte en un incentivo perverso y alentador para cometer el mayor número de violaciones o de mayor gravedad para así lograr, de facto, una depuración y una distorsión de los principios democráticos, al aceptar la comisión de violaciones gravísimas por el alcance manipulativo que estas tienen en los resultados electorales”, indica el documento.