Ciudad de México.- El llamado “plan B” de reforma electoral perfila cambios en la estructura política del país, pero también deja intactos algunos privilegios económicos, especialmente para las dirigencias partidistas.

De acuerdo con el proyecto impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, los líderes de partidos podrán percibir ingresos de hasta 1,500 UMAS mensuales, lo que equivale a más de 175 mil pesos, un nivel similar al salario presidencial.

En contraste, el ajuste para los legisladores será limitado y gradual. Los integrantes del Senado de la República enfrentarán una reducción de aproximadamente 15% en sus percepciones hacia 2029. Actualmente, cada uno de los 128 senadores representa un costo cercano a 50 millones de pesos anuales, cifra que bajaría a unos 42.5 millones tras los recortes escalonados.

Para los diputados federales no hay cambios. Según las estimaciones oficiales, cada legislador de la Cámara de Diputados implica un gasto de 19 millones de pesos al año, sin que la reforma contemple reducciones en este rubro.

Transparencia y control de recursos

El proyecto sí introduce medidas para reforzar la fiscalización del dinero en la política. Entre ellas, la obligación de transparentar los sueldos de dirigentes partidistas, así como la prohibición del uso de recursos ilícitos, de procedencia desconocida o provenientes del extranjero, además de limitar las aportaciones en efectivo.

También se plantean topes salariales para altos funcionarios y consejeros del Instituto Nacional Electoral, así como de organismos locales y tribunales electorales. A esto se suma la implementación de tecnologías de monitoreo financiero en tiempo real, mediante esquemas bancarizados y convenios con distintas autoridades.

Cambios políticos y electorales

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, detalló que la reforma incluye una reorganización de ayuntamientos, fijando un mínimo de siete regidores y un máximo de 15, además de limitar a una sola sindicatura por municipio.

Otro punto clave es la modificación a la revocación de mandato, que podría realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, y no exclusivamente después del tercer año como ocurre actualmente. Este ajuste abre la puerta a que la presidenta pueda ser sometida a este ejercicio incluso en procesos electorales concurrentes.

Ruta legislativa

La iniciativa fue presentada de forma general en la conferencia matutina presidencial y se prevé su envío al Senado este mismo martes. Monreal descartó un proceso acelerado, por lo que la discusión podría extenderse hasta abril en la Cámara de Diputados, o incluso derivar en un periodo extraordinario en mayo para desahogar también las leyes secundarias.