Washington.- Una coalición emergente que considera la agenda de Donald Trump como una amenaza a la democracia está sentando las bases para contraatacar en caso de que el ex Presidente estadounidense gane en la elección del 5 de noviembre.

Opositores del republicano están redactando posibles demandas por si éste lleva a cabo deportaciones masivas, como ha prometido. Otro grupo contrató a un auditor para resistir cualquier intento del magnate de utilizar el Servicio de Impuestos en su contra. Y Gobiernos estatales demócratas incluso están acumulando medicamentos para el aborto.

Una extensa red de funcionarios demócratas, activistas progresistas, grupos de vigilancia y ex republicanos han estado tomando medidas extraordinarias para alistarse para una posible segunda Presidencia de Trump, unidos por el temor de que el regreso del ex Mandatario representaría una grave amenaza no sólo para su agenda, sino para la democracia estadounidense.

“ Trump ha dejado en claro que ignorará la ley y pondrá a prueba los límites de nuestro sistema”, dijo Joanna Lydgate, directora ejecutiva del Centro de Democracia Unida de Estados Unidos, una organización no partidista de vigilancia de la democracia que trabaja con funcionarios estatales de ambos partidos.

“ Lo que estamos viendo es extremadamente oscuro”.

Si bien la Suprema Corte rechazó el jueves un intento de anular la aprobación federal de la píldora abortiva mifepristona, los liberales temen que una nueva Administración Trump pueda rescindir el aval o utilizar una ley de moralidad del siglo 19 para criminalizar su envío a través de fronteras estatales.

El Gobernador demócrata del estado de Washington, Jay Inslee, dijo que se aseguró un suministro suficiente de pastillas de mifepristona para preservar el acceso de las mujeres de su entidad al fármaco durante un segundo periodo del republicano. El producto está guardado bajo llave en un almacén estatal.

“ Lo tenemos físicamente en el estado de Washington, lo que podría impedir que él y sus fuerzas antiaborto prohíban su distribución”, dijo Inslee en una entrevista. Tiene una vida útil de cinco o seis años. Si hubiera otra Administración Trump, nos sacaría adelante”.

En cualquier año electoral siempre se discute lo que podría pasar si el otro lado gana la Casa Blanca. Esas conversaciones se han limitado típicamente a charlas en Washington y especulaciones privadas, ya que gran parte de la energía se ha centrado en ayudar al partido de uno a ganar las elecciones y desarrollar planes políticos de lista de deseos.

El volumen y la escala de la planificación en marcha para hacer frente a una posible segunda Administración Trump no tienen precedentes. La coalición -poco unida- está decidida a no ser sorprendida, como muchos lo fueron después de su inesperada victoria en 2016.

Si Trump regresa al poder, planea abiertamente imponer cambios radicales, muchos con tintes autoritarios, según expertos. Esas iniciativas incluyen utilizar el Departamento de Justicia para vengarse de sus adversarios, enviar tropas federales a ciudades demócratas, llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes, construir enormes campos para retener indocumentados, facilitar el despido de funcionarios públicos y reemplazarlos con “leales”, y expandir y centralizar el poder Ejecutivo.

Ian Bassin, director ejecutivo de Protect Democracy, indicó que la planificación sobre cómo resistir tal agenda no debe verse como una disputa política ordinaria, sino como un esfuerzo por defender aspectos fundamentales del autogobierno estadounidense “frente a un aspirante a autócrata”.

“ Él no es un candidato normal, esta no es una elección normal y estos no son preparativos normales para simplemente salir del lado equivocado de un referéndum nacional sobre opciones políticas”, dijo Bassin.

Una táctica común para contraatacar a la primera Administración Trump fue a través de litigios que paralizaron sus políticas en los tribunales. A veces, ese trabajo logró bloquear acciones por completo y, en otros casos, retrasó la entrada en vigor de esas políticas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), uno de los principales litigantes contra el primer Gobierno del magnate republicano, planea asumir un papel similar si éste recupera la Casa Blanca.

El director de la ACLU, Anthony Romero, señaló que su grupo ha trazado 63 escenarios en los que un posible regreso del magnate podría representar una amenaza a los derechos individuales y el Estado de derecho.