Ciudad de México.- Las seis principales asociaciones que agrupan a los actuarios, secretarios, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) acusaron que los foros de discusión sobre la reforma judicial son una estrategia para dilatar las protestas del personal jurisdiccional.

En un comunicado conjunto, las asociaciones reiteraron su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo federal y la propuesta de elegir mediante voto popular a los juzgadores, porque afirmaron que no necesitan las urnas para juzgar.

“Hemos observado que los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al poder judicial son una estrategia dilatoria con la finalidad de frenar la protesta de todos los integrantes del poder judicial”, dijeron en un comunicado.

“Durante casi seis años hemos sido víctimas de calumnia, se nos ha amenazado, intimidado mediante un continuo discurso público de agresión verbal y odio”.
El texto lo suscriben la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas (AMMJM) y la Asociación Mexicana de Juzgadoras A. C.

También, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal (CSAJF) y las asociaciones Justicia Independiente (JI) y Todos somos garantes de la Constitución.

El comunicado fue difundido este viernes, poco después del acto de protesta que llevó a cabo personal judicial en las escalinatas del Palacio de Justicia de San Lázaro.

Las firmantes emitieron este pronunciamiento ante lo que consideran una amenaza real de cese en sus funciones.

“No somos políticos y rechazamos cualquier invitación de compartir el poder político. Juzgar exige capacidad, independencia y autonomía. Nosotros no insultamos. No usamos urnas para juzgar o perseguir”, señalaron.

“No usamos vallas ni grupos antimotines. Nuestra fuerza proviene de la razón, de la palabra, con el apoyo de la Constitución y la ley. Con sentencias protegemos los derechos humanos del pueblo de México. Es nuestro poder: interpretar leyes, condenar delincuentes cuando existe el debido proceso y pruebas. No defendemos ideologías ni propias ni ajenas”.

Durante la manifestación de está mañana, la juez federal Juana Fuentes Velázquez advirtió que “tanto el Estado de Derecho como los derechos humanos están en riesgo de retrocesos quizás irreversibles” .

“La reforma impulsada por el titular del Poder Ejecutivo propone acabar con la independencia judicial mediante la elección popular de las y los juzgadores federales, la creación de un supra tribunal de disciplina y la eliminación de la carrera judicial y las garantías de estabilidad que deben otorgarse”, dijo ante más de 200 asistentes.

Respondió que son falsas las afirmaciones que se hacen contra la probidad de los juzgadores y sus determinaciones.

“Es absolutamente falso que 1,700 juzgadores federales seamos corruptos. No lo somos nosotros ni quienes colaboran con nosotros. Exigimos por ello, que en los casos en que se tengan pruebas de corrupción, se formule la denuncia correspondiente con arreglo a derecho”, manifestó.

“Es falso que representemos el interés de las élites o que sistemáticamente resolvemos contra las personas que padecen mayores desigualdades o que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La evolución de los criterios jurisprudenciales en torno a los derechos humanos ha sido progresiva y conforme a los principios que rigen la materia”.

También rechazó que los juzgadores le hayan dado la espalda al pueblo de México, porque si eso fuera verdad, no acudirían a ellos para que sus hijos fueran vacunados; se les dotara de medicamentos vitales; o para pedir la defensa de sus derechos ante un sinnúmero de atropellos y de actos contrarios a la ley.

“Es falso que liberemos ‘delincuentes’. Liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado, amparamos hoy y siempre al que es perseguido sin pruebas, con la Constitución y las demás normas aplicables como fundamento”, agregó.

“Es falso que la elección de jueces por voto popular sea la mejor manera de solucionar los graves problemas estructurales de la justicia en México, cuando contamos con un sistema de carrera judicial y exámenes de oposición públicos para elegir a las personas con mayor trayectoria y conocimientos como juzgadores”.