POR: JOSÉ ANTONIO CRESPO

Antes de la elección, las probabilidades apuntaban en favor de Claudia Sheinbaum por varias razones. Empezando porque se trataba no de una elección democrática, es decir, equitativa y pareja, sino de Estado –por tanto antidemocrática– que inició tres años antes con el uso electoral de los programas sociales y todo el apoyo del Gobierno federal y estatales.

Ganar por las urnas en una elección de Estado es poco menos que imposible (la del 2000 no fue elección de Estado). Pese a lo cual algunos considerábamos un escenario de que muchos sectores afectados y molestos con AMLO pudieran sumar votos suficientes para contrarrestar la elección de Estado, aunque tal posibilidad se veía –al menos yo– como el más improbable.

De lo que yo sí estaba prácticamente seguro es que Morena y sus satélites no obtendrían de las urnas la mayoría calificada. Se requería una avalancha de votos que difícilmente se ha dado desde los viejos tiempos del PRI.

Y en efecto, el voto del bloque oficial en el Congreso fue de aproximadamente 55 por ciento. Ni con la sobrerrepresentación permitida en la Constitución lo lograrían.

La presunción de que Morena obtuvo 80% de los distritos y eso le da derecho a la mayoría calificada es una burda falacia; sería cierto si tuviéramos un sistema de mayoría pura, pero no es el caso; es un sistema mixto, con plurinominales, en el que cuentan los votos, no los distritos.

Lo que no tenía yo contemplado es que la mayoría en el INE y el TEPJF estarían dispuestos a interpretar la Constitución a modo, pasando por alto el espíritu y la letra del Artículo 54 constitucional.

Y con eso darle una mayoría calificada –ilegal– a Morena. Hicieron un gran fraude a la Constitución, con lo cual le dieron un puntillazo casi mortal a la democracia que se ha construido por décadas. Paradójicamente, instituciones producto de la democratización para defenderla, resultaron ser quienes le dieron a Morena el hacha para asesinarla.

Pero si ese era el mandato de tales traidores, como lo era, les faltó hacer lo mismo con el Senado. Pudieron hacer maromas legales, como con los diputados, para dar esa supermayoría a la coalición oficial también en el Senado.

La traición de dos perredistas sólo incrementa fuertemente la posibilidad de destruir la democracia, pero indirectamente obstruyen el futuro a un eventual nuevo partido surgido del desaparecido PRD, que quedó muy mal al postular a semejantes candidatos.

Pese a esos dos vendidos, falta un senador que vote a favor de la Reforma Judicial para que pase. Los 43 senadores opositores se han comprometido públicamente a votar en contra, pero con los políticos –con excepciones– nunca se sabe, son “grouchianos”; les importa su interés antes que cualquier valor, principio o congruencia.

Y después surgió el caso del senador Yunes del PAN, que tras esconderse los días previos, decidió solicitar licencia para faltar al Senado, alegando enfermedad, siendo sustituido por su padre, que sugirió que votaría contra la reforma –pero en pleito con el líder del PAN, lo que adelanta una ruptura–.

En esa medida en que votara con Morena –no lo sé a estas alturas–, los dos perredistas traidores y Yunes quedarán estigmatizados de por vida como quienes le habrían dado la puntilla a la democracia, labrada difícilmente por tres décadas, para dar paso a un nuevo autoritarismo.

Ese nuevo régimen antidemocrático duraría –y seguramente lo hará– hasta que sus errores, sus abusos y corruptelas lo tiren. Para eso pueden pasar décadas como lo hemos visto en otros países y en nuestra propia historia.

AMLO está a punto de lograr lo que siempre tuvo en mente; cambiar el régimen democrático como una autocracia bolivariana, según lo prescribe el Foro de Sao Paulo, al que pertenece.

Claudia apoya la reforma, sin darse cuenta de los problemas que le generaría. La creí más inteligente, pero parece que no tanto –aunque sí me parece menos desquiciada que AMLO–.