Chiapas.- La Selva Lacandona está siendo penetrada por organizaciones criminales de diversos orígenes, afectando severamente la vida de las comunidades, “nuestro territorio es especialmente codiciado para sus negocios y actividades ilícitas, por eso no les conviene que haya comunidades organizadas y progresando de acuerdo a sus modelos de vida vinculados al respeto a la vida y la Madre Tierra”.

Lo anterior lo denuncian en una carta pública, cuatro familias de la etnia maya lacandón, de la comunidad de Lacanjá Chansayab, municipio de Ocosingo, que, al cumplir un año de su desplazamiento forzado, denuncian que los tres niveles de gobierno las tienen olvidadas, además señalan, que las autoridades del poblado, “aliadas con grupos del crimen organizado”, ya las despojaron de sus parcelas.

El avance de la delincuencia organizada que está operando las 24 horas del día como policías en la comunidad, involucrando a todos sus habitantes que extorsionada o involuntariamente se han quedado para participar con ellos, hace que los liderazgos comunitarios, “los defensores de los pueblos en sus derechos y en la defensa del territorio, estamos especialmente vulnerables antes esta situación”, dice la carta.

Ante esta situación, las cuatro familias no ven la posibilidad de un retorno a su comunidad Lacanjá Chansayab; por lo que demandan: “Si el gobierno es incapaz de hacer valer nuestros legítimos derechos, que asuma su responsabilidad de indemnizarnos económicamente”.

En el documento, refieren que el 13 de septiembre de 2023 fueron desplazadas forzadamente de su comunidad, “por un ataque con armas de fuego”, por lo que fueron refugiadas en la vecina comunidad de Nueva Palestina, donde sus compañeros comuneros “generosamente aceptaron recibirnos”.

Sin embargo, relatan que no se sienten seguros en el lugar, porque “siguen entrando espías del crimen organizado”. “Nuestra situación en este momento es de mucha inestabilidad, inseguridad y riesgo para las familias desplazadas”, manifestaron.

Las cuatro familias lacandonas que aseguran fueron “desplazadas violentamente y bajo amenazas de muerte por los mismos hermanos lacandones que desgraciadamente se han aliado con los criminales”.

Explicaron que el pasado 29 de marzo de este año, se llevó a cabo una asamblea en su comunidad en la que “autoridades de la subcomunidad en compañía con integrantes del crimen organizado informaron a la asamblea que iban a tomar posesión de nuestras parcelas, casas y propiedades”.

“ A pesar de las continuas denuncias que hemos presentado antes las instancias de justicia y diversas mesas de diálogo, no hemos recibido respuesta, sino más bien una negación de la situación de desplazamiento, nos dicen que no somos desplazados sino personas en estado de vulnerabilidad, cuando la realidad es que estamos en una situación desesperada, porque no estamos en nuestra comunidad de origen y la falta de atención adecuada por parte de las instituciones del estado, no la hemos tenido, para poder sobrevivir”, exponen en su denuncia.

Las cuatro familias lacandonas se quejan que los gobiernos de los tres niveles, han hecho caso omiso a la situación que viven, “siempre negando la realidad de lo que ha pasado en la comunidad de Lacanja Chansayab”.

Aseguran que las autoridades, “nunca han tratado con firmeza y voluntad política nuestra situación ni nos han apoyado en las necesidades básicas que tenemos como desplazados del pueblo maya Lacandón. Hemos quedado en el olvido. Solo dicen las autoridades que estamos en estado de vulnerabilidad cuando la realidad es que hemos caído en situación de pobreza y marginalidad, además de que estamos en serio riesgo para nuestra integridad física y eso no lo quieren reconocer las autoridades de los tres niveles de gobierno y quienes minimizan la situación”.

Desde su refugio, exponen que tienen que estar alertas ante la posibilidad de que haya un ataque violento en contra de sus familias, “estamos con temor, porque nosotros conocemos a este grupo del crimen organizado, son nuestros propios compañeros indígenas mayas lacandón, y sabemos que si cumplen sus amenazas, prueba de ello es que nos desplazaron, nos atacaron con armas de fuego e hirieron a uno de nuestros compañeros”.

En la selva, la policía cubre las maniobras del crimen organizado

En su extensa carta, las cuatro familias lacandonas, denuncian: “Bien sabemos que la policía cubre la presencia de estos malhechores, hemos observando la participación de la policía estatal en las maniobras del crimen organizado, y es por eso que tememos por nuestra seguridad y consideramos que no hay condiciones propicias para garantizar nuestra integridad.

“ Desde donde estamos reubicados seguimos con preocupación todo lo que está aconteciendo en nuestra comunidad de origen, nos enteramos de cómo sigue operando el crimen organizado, siguen las desapariciones, las amenazas, ellos siguen tranquilos y nadie les toca, siguen con sus trabajos ilícitos sin que nadie les diga nada, han quedado en la impunidad”. 

Mientras, “las familias desplazadas sufren el desplazamiento de nuestros territorios de origen y el despojo de nuestros patrimonios, sufrimos por la falta de salud, educación y alimentación, lo cual está dejando fuertes secuelas traumáticas en nuestros niños y niñas, que comienzan a padecer secuelas de desnutrición, falta de educación y salud física y psicológica”.

Relatan lo preocupante de su situación, “desde hace tiempo el estado mexicano lo sabe y sus instituciones lo saben, pero no lo quieren reconocer, siguen diciendo que no hay nada, cuando hay pruebas suficientes para demostrar lo que ha estado pasando”.

Narran que a diferencia de la Lacanjá Chansayab, las comunidades de Nueva Palestina y Frontera Corozal localizadas también en el municipio de Ocosingo, en el mes de agosto 2023, se organizaron para detener el avance del crimen organizado denunciándolos públicamente, uniéndose y realizando marchas.

“ La comunidad de Nueva Palestina demostró con una gran manifestación de sus habitantes, con participación activa del magisterio y los estudiantes de todos sus niveles educativos, quienes en una sola voz alertaron que la violencia del crimen organizado había llegado a nuestros territorios, por lo que se pidió al gobierno federal y estatal que garantizaran la seguridad en la comunidad, tanto para la niñez como para el pueblo en general”. 

El gobierno, reseña la carta, minimizó la situación de violencia que se estaba empezando a desatar en la Selva Lacandona, días después de la movilización en Nueva Palestina la comunidad de Frontera Corazal, que también está en el perímetro de los Bienes Comunales, fue víctima también del crimen organizado, se hizo la denuncia ante las instancias del gobierno sin obtener respuesta del estado.

Fue así fue que la gente se levantó igual pidiendo auxilio a las fuerzas armadas y al gobierno federal porque ya no había confianza en el gobierno local y estatal.

“ Después de tantas movilizaciones, se instaló una mesa de seguridad en la ciudad de Palenque, en la que participaron instancias castrenses y gobierno federal, estatal y municipal, pero lastimosamente no se avanzó en el tema de la seguridad”. 

Relatan que hubo algunos acuerdos que se firmaron, pero hasta la fecha no se ha hecho nada para desmantelar a estos grupos del crimen organizado que operan en la Selva Lacandona.

“ La única respuesta y propuesta del gobierno es que nos quedemos en nuestras casas y territorios, que no nos desplacemos, pero eso conlleva el aceptar trabajar para los grupos de delincuencia, sobrevivir extorsionados, pagarles su impuesto como derecho de piso, y participar de sus actividades ilícitas funcionando como base social, como sus policías, y en sus movilizaciones como bloqueos, haciéndonos hacernos cómplices de sus delitos, esa es la triste disyuntiva que nos propone el gobierno”. 

Que el gobierno asuma la responsabilidad de indemnizarnos: Lacandones

Las cuatro familias de la comunidad de Lacanjá Chansayab, demandan al gobierno que les paguen los daños y pérdidas causadas por el desplazamiento que sufrimos hace mas de un año, ya que su patrimonio se quedó en manos de los delincuentes.

“ No hemos renunciado a nuestros derechos agrarios como comuneros, lo que construimos con nuestras familias es nuestro patrimonio, porque es el esfuerzo de trabajo de muchos años, décadas y nuestro patrimonio de por si es milenario”. 

Además aseguran que tienen derecho al pago por servicios ambientales, “ya que hemos sido responsables del cuidado de la selva y aunque hemos sido desplazados de nuestra comunidad tenemos derecho a ese recurso; pero usurpando nuestro nombre los criminales empoderados en Lacanjá han cobrado la parte de esos recursos que nos corresponden a las cuatro familias desplazadas”.

Reclaman también que como comuneros tienen derecho al uso y disfrute del territorio de 1200 hectáreas de la laguna Jalisco, “donde tenemos actividades de trabajo campesino y comunitario las cuatro familias desplazadas, pero nos han amenazado de que si nos ven por ese territorio nos van a matar, aunque nos han desplazado eso no quiere decir que hemos abandonado nuestro derecho a ese territorio ancestral”.