Chilpancingo, Gro.- Habitantes de pueblos del Municipio de Chilapa, de la región Centro de Guerrero, mantuvieron retenidos a funcionarios y trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo durante más de seis horas, en protesta por la detención de un ex comisario de la comunidad de Calhuaxtitlán.

Los manifestantes, que se identificaron como integrantes de la policía comunitaria por la Paz y Justicia, llegaron a las instalaciones de la FGR a las 13:00 horas y fueron atendidos brevemente por el delegado Manuel Corte Tapia, quien les indicó que el caso no era de su competencia sino del Gobierno estatal.

Los pobladores le dieron un plazo de 30 minutos a Corte Tapia para que interviniera ante la Gobernadora morenista Evelyn Salgado, pero fue a alrededor de las 14:00 horas que los inconformes acordaron permanecer en plantón a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía e impedir la salida del delegado y de otros funcionarios y trabajadores administrativos.

La protesta se extendió a las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado (TEE), donde los pobladores también mantuvieron encerrados a los magistrados y personal administrativo.

Juan Emilio Morales Salmerón, ex comisario municipal de la comunidad de Calhuaxtitlán, se encuentra detenido por el presunto delito de delincuencia organizada, mientras que otros 17 miembros del grupo de autodefensas enfrentan órdenes de aprehensión.

Los manifestantes también exigen al Gobierno que se desista de la acción penal de los 17 policías comunitarios.

El caso se remonta a mayo de 2015, cuando los supuestos policías comunitarios irrumpieron en Chilapa debido a una confrontación con el grupo criminal de “Los Rojos”, que dirigía Zenén Nava, alías “El Chaparro”, detenido en 2019.

Este grupo de la supuesta policía comunitaria, a la que las autoridades vinculan con la organización criminal de “Los Ardillos”, mantuvo sitiada seis días la localidad de Chilapa, y en ese lapso hubo denuncias de personas desaparecidas.

Cerca de las 19:00 horas, policías estatales y elementos antimotines de la Guardia Nacional se instalaron a unos 300 metros de los manifestantes, con la amenaza de desalojarlos.

Sin embargo, luego que el subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, sostuvo un diálogo con una comisión de integrantes de la policía comunitaria, acordaron que el Gobierno del estado revisará el caso del ex comisario y las órdenes de aprehensión.

Tras la firma de una minuta de acuerdos los manifestantes se retiraron del lugar.