Ciudad de México.- El Gobierno mexicano expresó el lunes su preocupación por la propuesta de la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de prohibir por motivos de seguridad nacional el uso de software y hardware chinos conectados en vehículos en las carreteras estadounidenses.

La Secretaría de Economía señaló en un documento al Departamento de Comercio estadunidense que la propuesta podría tener un “impacto sustancial en la industria automotriz de México.

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Desde el punto de vista económico, plantea posibles barreras comerciales, interrupciones en las cadenas de suministro, aumento de los costes de producción y un posible riesgo de reducción del empleo directo e indirecto”, afirmó.

México dijo que la propuesta podría violar las normas de libre comercio de América del Norte y “dar lugar a un aumento de los costes de producción debido al cambio de proveedores de autopartes y componentes dentro de la cadena de suministro pre-planificada de la industria automotriz”.

Grupos de fabricantes de automóviles y de tecnología pidieron en otro documento el lunes al Gobierno de Estados Unidos cambios y más tiempo antes de que la norma entre en vigor.

El Departamento de Comercio no hizo comentarios de inmediato.

La propuesta haría efectivas las prohibiciones de software en los modelos 2027. El veto al hardware entraría en vigor en los 2030 o en enero de 2029.

La Alliance for Automotive Innovation, que representa a General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai Motor y otros grandes fabricantes de automóviles, pidió al menos un año más para cumplir el requisito del hardware.

El Departamento de Comercio espera finalizar la propuesta antes del 20 de enero. Las normas cubren todos los vehículos de carretera, pero excluyen los vehículos agrícolas o mineros que no se utilicen en vías públicas, así como los drones y los trenes.

Este lunes, el Gobierno de Estados Unidos anunció que está aplicando nuevas normas destinadas a restringir las inversiones estadunidenses en sectores tecnológicos específicos en China, alegando motivos de seguridad nacional. La normativa, que entrará en vigor el 2 de enero, se centra en las inversiones en inteligencia artificial (IA), semiconductores y microelectrónica, así como en tecnologías de información cuántica que puedan suponer una amenaza para los intereses de seguridad de Estados Unidos.

El objetivo más amplio de estas medidas es impedir que los conocimientos técnicos estadunidenses ayuden a China a desarrollar tecnologías avanzadas y hacerse con el dominio de los mercados mundiales.